Embargaron propiedades de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad
El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso la medida sobre distintos inmuebles y activos comerciales para avanzar con el decomiso fijado en la condena. Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
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El Tribunal Oral Federal N° 2, que tiene a su cargo la ejecución de la condena de la causa Vialidad, ordenó embargar una serie de propiedades y activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y su familia. La medida apunta a garantizar la recuperación del perjuicio económico establecido por la Justicia en el expediente.
El monto fijado por el tribunal asciende a $685.000 millones, correspondiente al perjuicio patrimonial ocasionado al Estado por las maniobras de corrupción vinculadas con la obra pública. En ese marco, los jueces avanzaron con medidas destinadas a asegurar los bienes que podrían quedar sujetos al decomiso.
Entre las propiedades alcanzadas se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El embargo no significa que el inmueble vaya a ser rematado de manera inmediata ni modifica su titularidad, sino que impide realizar determinadas operaciones sobre el bien mientras se define el decomiso.
La resolución también comprende propiedades situadas en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. Allí quedaron alcanzados un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera que la familia Kirchner posee mediante sociedades comerciales.
En Santa Cruz, el listado incluye distintos terrenos y edificaciones. Entre ellos figura el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, además de propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos. También quedó alcanzado el chalet de Cristina Kirchner sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otros inmuebles ubicados en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes vinculados con Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ambos no fueron condenados en la causa Vialidad. Según el tribunal, la sentencia determinó que las maniobras investigadas beneficiaron económicamente de manera directa a Lázaro Báez e indirectamente al grupo familiar Kirchner, a partir de los vínculos comerciales entre las empresas del empresario y las sociedades Los Sauces y Hotesur.
