El “Súper RIGI” entra en la recta final en el Senado y crece la discusión por sus beneficios para grandes inversiones

La reunión se llevará a cabo desde las 16:00 en el Salón Azul de la Cámara alta, en el marco del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados el pasado 24 de junio, con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones.

El nuevo régimen busca captar mega inversiones de al menos 1.000 millones de dólares destinadas a nuevas industrias y sectores considerados estratégicos, entre ellos las energías renovables, la biotecnología y la inteligencia artificial. A diferencia del RIGI original, incorporado a la Ley Bases de 2024, el nuevo esquema excluye proyectos de infraestructura, recursos naturales y emprendimientos preexistentes ampliables.

Uno de los principales atractivos del proyecto es el paquete de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios que ofrece a las empresas que ingresen al régimen. Entre ellos figura una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, créditos fiscales para cancelar IVA y contribuciones patronales, y beneficios vinculados al comercio exterior.

Además, el proyecto establece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria de hasta 30 años, mientras que los inversores podrán disponer progresivamente de las divisas generadas por sus exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.

Uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos entre senadores de la oposición y sectores dialoguistas es la modificación de la denominada cláusula de “Compre Nacional”. El proyecto aprobado en Diputados elimina la obligación estricta de destinar un 20% de las compras a proveedores locales. En su lugar, establece que las empresas podrán ser obligadas a contratar firmas nacionales únicamente cuando estas puedan ofrecer condiciones de precio y calidad equivalentes a las del mercado internacional.

La modificación encendió las alarmas entre sectores que advierten sobre el posible impacto del régimen en la industria nacional y en la participación de proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión.

Durante las reuniones de comisión también aparecieron cuestionamientos relacionados con la amplitud de las actividades que podrían quedar alcanzadas por el nuevo régimen. 

Desde el Gobierno defendieron la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones que permitan desarrollar sectores tecnológicos y productivos que actualmente tienen una presencia limitada o inexistente en la Argentina.

El proyecto también recibió críticas de docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales y organismos científicos, quienes expresaron su preocupación por el nivel de beneficios otorgados y por el período de estabilidad regulatoria previsto.

Los sectores que se oponen sostienen que el régimen podría generar condiciones excepcionales para grandes corporaciones sin establecer contraprestaciones suficientes en materia de empleo local, transferencia tecnológica o desarrollo nacional.

El oficialismo buscará avanzar con el dictamen para llevar la iniciativa al recinto, mientras la oposición y los bloques provinciales mantienen reparos sobre el impacto fiscal, productivo y regulatorio de un régimen que podría definir las condiciones para grandes inversiones durante las próximas décadas.

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El Marplatense