El regreso de Mónica Lence reabre el debate sobre la continuidad de viejas estructuras políticas
La designación de Mónica Lence como asesora ad honorem en el área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social volvió a instalar el debate político en General Pueyrredon acerca de la permanencia de determinados dirigentes dentro de la estructura municipal y el desafío de avanzar hacia una verdadera renovación.

Mediante el Decreto Nº 1517/26, el Ejecutivo municipal oficializó la incorporación de la ex presidenta del Consejo Escolar, quien tendrá entre sus responsabilidades la gestión de proyectos sociales destinados a personas con discapacidad, además de participar en la elaboración de planes de trabajo junto a organismos públicos y organizaciones de distintos niveles del Estado para la obtención de financiamiento.
El nombramiento no pasó inadvertido en el ámbito político local. Lence encabezó el Consejo Escolar hasta 2025 y, tras dejar ese cargo, tuvo la posibilidad de asumir una banca en el Concejo Deliberante en reemplazo del actual intendente Agustín Neme. Finalmente decidió no hacerlo y la banca fue ocupada por Liliana Piccolo.
En distintos ámbitos políticos circuló la versión de que esa decisión habría estado vinculada a la negativa de presentar la declaración jurada patrimonial correspondiente al cargo de concejal.
Desde diferentes sectores sostienen que el regreso de Lence representa la continuidad de un esquema político que mantuvo una fuerte influencia durante los años de gobierno de Guillermo Montenegro. Como es el caso de Christian Lence, hermano de la ex titular del Consejo Escolar, quien ocupó funciones ad honorem durante la anterior gestión municipal, en un contexto marcado por cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad que reclaman por mejoras estructurales, de limpieza y de seguridad, manifestando que la ciudad se encuentra abandonada y a la deriva.
En ese contexto, se plantean interrogantes sobre el alcance real de este tipo de cargos y sobre la influencia que determinados actores conservan dentro del aparato municipal aun cuando no perciben una remuneración directa del Estado por esas funciones.
Distintos trascendidos vincularían al hombre de confianza de Montenegro con diferentes negocios vinculados a concesiones municipales como es el caso del sistema de fotomultas y el servicio de estacionamiento medido.
Frente a esto se abre un debate recurrente en la política marplatense: la permanencia de determinados apellidos dentro del Estado municipal. Para algunos dirigentes, casos como el de Mario Ricciuto reflejan una lógica de construcción política basada en relaciones personales y familiares más que en procesos de renovación institucional.
Estás permanencias, lejos de traducirse en mejoras concretas, parecen orientadas a sostener intereses propios, (como según trascendió beneficiar a ciertas cooperativas para llevar a cabo diversos trabajos en el sector publico), y estructuras de poder, mientras la ciudad continúa acumulando problemas sin respuestas efectivas y muestra un deterioro cada vez más evidente.
La incorporación de dirigentes que ya ocuparon cargos de relevancia durante administraciones anteriores vuelve a instalar una discusión de fondo sobre el futuro político de General Pueyrredon.
Mientras Agustín Neme intenta consolidar una identidad propia de gestión, los mismos nombres de siempre siguen perpetuándose en el poder para beneficio propio, relegando las necesidades de una ciudad que sigue esperando las transformaciones que nunca terminan de llegar.
