El Gobierno sigue de cerca la investigación de EE.UU. sobre la AFA y evita profundizar el conflicto

En la Casa Rosada conviven distintas interpretaciones sobre el alcance de la causa. Mientras algunos funcionarios aseguraron haber recibido información previa sobre movimientos del FBI vinculados a dirigentes de la AFA, otros desmintieron que Tapia haya sido citado o que se le hayan secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.

Frente a esas versiones, la AFA emitió un comunicado en el que negó que existan medidas judiciales contra su presidente o contra el tesorero Pablo Toviggino. Además, sostuvo que el documento del Distrito Sur de Florida no constituye una citación personal ni dispone diligencias de incautación de bienes.

La investigación analiza movimientos financieros relacionados con la operatoria internacional de la AFA y la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni. El expediente pone el foco en contratos comerciales, derechos de televisión, patrocinadores, partidos amistosos y el destino de fondos que habrían circulado por el sistema bancario estadounidense.

Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Tapia, Faroni, Toviggino ni otros dirigentes mencionados. La actuación judicial más relevante conocida hasta ahora es la citación a un tercero para aportar documentación y comunicaciones vinculadas con TourProdEnter y personas relacionadas con la AFA.

En Balcarce 50 también siguen de cerca la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que en mayo amplió una causa penal contra la AFA por presuntas maniobras de evasión tributaria, facturación apócrifa y ocultamiento de destinatarios finales de fondos por más de $289 millones.

Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que, por ahora, no está previsto ampliar esa presentación judicial ni profundizar el enfrentamiento con la dirigencia del fútbol argentino.

La estrategia representa un cambio respecto de la postura inicial del oficialismo, que había impulsado una confrontación más directa con la conducción de la AFA y buscaba avanzar con la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Dentro del Gobierno existen dos miradas. Un sector considera que la investigación en Estados Unidos podría debilitar políticamente a Tapia y reabrir el debate sobre reformas en el fútbol argentino. Otro entiende que no es conveniente abrir un nuevo frente de conflicto con la AFA, especialmente después del Mundial y en la antesala del proceso electoral de 2027.

En ese contexto, la prioridad oficial es separar los planos: seguir la evolución de la investigación judicial en Estados Unidos, sostener la denuncia de ARCA en la Argentina y evitar que el vínculo político con la AFA derive en una confrontación abierta.

La cautela también responde al peso social de la Selección Argentina. En el Ejecutivo consideran que un enfrentamiento con la conducción del fútbol podría trasladarse al plano deportivo y afectar el clima generado tras la consagración mundialista, por lo que, al menos por ahora, la decisión es mantener una relación institucional sin mayores sobresaltos.

Fuente: TN

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El Marplatense