Diputados busca habilitar la siembra en franjas contiguas a rutas nacionales
El proyecto propone generar producción, recursos para el mantenimiento de las rutas y nuevas oportunidades para productores locales.
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La Cámara de Diputados busca habilitar nuevamente, mediante un nuevo proyecto de ley, el uso productivo de las franjas de terreno ubicadas al costado de las rutas nacionales, una medida que podría incorporar alrededor de 50.000 hectáreas a la actividad agropecuaria argentina.
La propuesta plantea autorizar la explotación agrícola de los espacios adyacentes a las rutas, excluyendo las banquinas y las áreas de seguridad vial, mediante un sistema de permisos regulados y supervisados por los organismos competentes. Según sus impulsores Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (Unión por la Patria), se trata de superficies actualmente improductivas que podrían convertirse en una fuente adicional de producción y recursos para el Estado.
El proyecto busca revertir una restricción vigente desde 2008, cuando la Dirección Nacional de Vialidad dejó sin efecto los convenios que permitían el aprovechamiento de estos terrenos. Desde distintos sectores del agro sostienen que aquella decisión dejó fuera del circuito productivo miles de hectáreas distribuidas a lo largo de la red vial nacional.
La iniciativa establece que los permisos de uso serán de carácter oneroso y contempla prioridad para los productores frentistas, es decir, aquellos cuyos campos lindan con las rutas. Además, prevé la aplicación de criterios técnicos estrictos para garantizar la seguridad vial, incluyendo restricciones sobre los cultivos permitidos, el mantenimiento de las zonas de visibilidad y la preservación de las franjas de seguridad.
Los promotores del proyecto consideran que la medida permitiría poner en producción una importante cantidad de tierra actualmente desaprovechada, contribuyendo a incrementar la superficie cultivada sin necesidad de expandir la frontera agrícola.
Además del beneficio productivo, la propuesta contempla que los fondos recaudados a través de los permisos sean destinados al mantenimiento y mejora de la infraestructura vial nacional, una de las principales demandas de las provincias y del sector transportista.
