Diputados avanza contra la discriminación en la provincia
La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto que busca actualizar la normativa y ampliar las herramientas para prevenir, sancionar y reparar actos discriminatorios. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado.
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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de ley que busca endurecer y actualizar la protección frente a los actos de discriminación en territorio bonaerense.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente Renovador Alexis Guerrera, obtuvo media sanción durante la cuarta sesión ordinaria del año y propone establecer un nuevo marco para promover la igualdad y combatir las distintas formas de trato discriminatorio.
El proyecto toma como antecedente una iniciativa presentada en 2022 por la entonces legisladora Débora Galán y plantea ampliar las herramientas existentes frente a situaciones que actualmente no están contempladas de manera específica por la legislación nacional.
Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa es la necesidad de actualizar el marco normativo vigente. La Ley Nacional 23.592, que establece medidas contra actos discriminatorios, fue sancionada en 1988.
Guerrera sostuvo durante el debate que aquella legislación quedó desactualizada frente a las transformaciones sociales y tecnológicas de las últimas décadas, especialmente ante el impacto de los medios digitales y las nuevas formas de comunicación. El proyecto busca, de esta manera, incorporar situaciones y categorías de discriminación que no estaban contempladas cuando se sancionaron las normas actuales.
El texto amplía los supuestos vinculados con la discriminación e incorpora, entre otros aspectos, motivos relacionados con la piel, la etnia, el origen nacional y social, la discapacidad, el idioma, la situación civil y la condición laboral u ocupacional. Además, contempla conductas que puedan provocar daño emocional, afectar la autoestima, perjudicar el desarrollo personal o identitario, estigmatizar o generar consecuencias sobre la salud psicológica y la autodeterminación de las personas.
De acuerdo con el proyecto, las personas o grupos afectados, organismos gubernamentales y organizaciones civiles vinculadas con la defensa de los derechos humanos podrán solicitar por vía judicial o administrativa el cese de una conducta discriminatoria. Si la autoridad interviniente comprueba la existencia del hecho, deberá disponer medidas destinadas a evitar que vuelva a producirse.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá avanzar ahora en la Cámara de Senadores bonaerense, donde continuará su tratamiento legislativo.
