Deudas familiares: el Gobierno ratificó que no habrá asistencia del Estado
Federico Sturzenegger sostuvo que bancos y financieras deben asumir los riesgos vinculados con los créditos otorgados. La postura oficial se conoce en medio del incremento de la morosidad y del debate por el sobreendeudamiento de los hogares.
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El Ejecutivo nacional volvió a fijar posición frente a las dificultades de numerosos hogares para cumplir con sus compromisos financieros y descartó implementar un mecanismo público destinado a cubrir obligaciones privadas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que la responsabilidad por los préstamos que presentan problemas de pago corresponde principalmente a las entidades que decidieron concederlos. Según explicó, bancos y financieras evaluaron previamente a sus clientes y aceptaron los riesgos propios de esas operaciones.
En ese sentido, el funcionario consideró que las consecuencias de una eventual falta de pago deben permanecer dentro de la relación entre acreedores y deudores, sin trasladarse al sector público mediante algún esquema de rescate.
La posición expresada por Sturzenegger coincide con la línea que vienen sosteniendo distintos integrantes de la administración nacional frente al crecimiento de la morosidad. La Casa Rosada considera que utilizar recursos públicos para afrontar compromisos particulares significaría trasladar al conjunto de los contribuyentes el costo de decisiones tomadas entre entidades financieras y clientes.
Al referirse a la situación del sistema crediticio, el ministro indicó que el financiamiento bancario destinado al sector privado equivale aproximadamente al 12% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, señaló que la cartera irregular representa menos del 1% del producto.
Sturzenegger también destacó la expansión del acceso al financiamiento registrada durante los últimos dos años y afirmó que cerca de cuatro millones de personas ingresaron por primera vez al sistema de crédito en ese período.
Para el funcionario, modificar las condiciones actuales para responder a los casos de incumplimiento podría generar efectos sobre el funcionamiento del mercado y sobre las posibilidades de obtener financiamiento en el futuro.
La discusión por el endeudamiento de los hogares también llegó al Congreso, donde distintos espacios políticos impulsaron propuestas destinadas a abordar situaciones de sobreendeudamiento. Sin embargo, hasta el momento no avanzó una iniciativa de alcance general.
En este escenario, la administración nacional mantiene como criterio que las dificultades derivadas de préstamos y otros compromisos financieros privados deben resolverse entre las partes involucradas, sin recurrir a fondos públicos para afrontar los incumplimientos.
