El Gobierno endurece los controles y avanza con la expulsión de extranjeros por discursos de odio

El Gobierno nacional aceleró la elaboración de un nuevo decreto destinado a reglamentar la expulsión de extranjeros que hayan emitido discursos de odio contra argentinos o incitado a la violencia por motivos vinculados con la nacionalidad.

La Casa Rosada retomó el trabajo pendiente luego de la publicación del DNU 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei a fines de julio, que modificó la Ley de Migraciones e incorporó esas conductas como causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros.

La posibilidad legal, por lo tanto, ya se encuentra vigente. El objetivo de la nueva reglamentación será establecer cómo se implementará en la práctica y determinar qué organismos deberán intervenir en los procedimientos.

El DNU también contempla a quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje contra símbolos patrios o hayan incitado a cometer esas acciones. En el caso de extranjeros que ya residan en la Argentina, la cancelación de la residencia puede derivar en una intimación para abandonar el territorio o directamente en una expulsión, de acuerdo con las circunstancias particulares.

Uno de los principales puntos que deberá resolver la reglamentación es cómo se determinará que una expresión constituye efectivamente un mensaje de odio. El Gobierno analiza utilizar el sistema de alertas que actualmente maneja la Dirección Nacional de Migraciones, aunque todavía resta establecer qué organismo generará la información, qué pruebas serán necesarias y quién deberá validarlas.

La normativa establece, además, un límite relacionado con la libertad de expresión: quedan excluidas expresamente las manifestaciones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

El endurecimiento de la política migratoria generó cuestionamientos desde sectores políticos y especialistas en derecho. Entre las objeciones aparecen la amplitud del concepto de “mensajes de odio”, el procedimiento elegido para modificar la legislación y el margen de interpretación que podría tener el Poder Ejecutivo al momento de aplicar la medida.

Incluso, el DNU fue llevado a la Justicia mediante una acción de amparo presentada por diputados de la Coalición Cívica.

Por el momento, el Ejecutivo no fijó una fecha para la publicación de la reglamentación ni difundió un borrador. La intención oficial es terminar de definir el mecanismo para que las nuevas causales puedan aplicarse en los controles de ingreso, la cancelación de residencias y los procedimientos de expulsión.

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El Marplatense