Cristina y Lázaro Báez apelaron el decomiso millonario en la Causa Vialidad

A menos de veinticuatro horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la actualización del decomiso civil en la causa Vialidad, fijándolo en $684.990.350.139,86 mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la ex presidente Cristina Fernández y el empresario Lázaro Báez presentaron recursos de queja ante el máximo tribunal para intentar frenar la ejecución patrimonial. La medida fue adoptada tras el fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La estrategia procesal impulsada por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria -quien cumple arresto domiciliario desde hace un año en su vivienda de la calle San José 1100-, busca resistir la incautación de un conjunto de bienes que incluye cerca de veinte activos inmobiliarios.

Entre los bienes alcanzados se encuentran residencias en Río Gallegos y El Calafate, complejos hoteleros operados por Hotesur S.A. y 4,7 millones de dólares en cajas de seguridad pertenecientes a Florencia Kirchner. La defensa sostiene que las instancias judiciales previas incurrieron en arbitrariedad, al considerar que no existe una pericia concluyente que vincule esos activos con el delito de administración fraudulenta investigado en las 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

No obstante, fuentes judiciales recordaron que los recursos de queja carecen de efecto suspensivo, por lo que los juzgados federales intervinientes conservan la facultad de avanzar con la ejecución forzosa, la tasación y el eventual remate de los bienes involucrados.

En paralelo, el destino de los fondos decomisados abrió un nuevo frente institucional, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitara formalmente que los activos dinerarios queden bajo su administración, en el marco de sus competencias en materia de prevención del lavado de activos.

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El Marplatense