Crece la tensión por el nuevo régimen migratorio: la oposición busca bloquearlo
Los bloques opositores cuestionaron las nuevas facultades para impedir el ingreso o expulsar extranjeros y anticiparon que intentarán anular la medida tanto en el Congreso como en la Justicia.
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La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 provocó un fuerte rechazo entre distintos sectores de la oposición, que anunciaron acciones parlamentarias y judiciales para frenar su aplicación.
La norma firmada por el presidente Javier Milei modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas razones para negar la entrada al país o disponer la expulsión de extranjeros. Entre ellas aparecen la difusión de mensajes que inciten al odio o a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y la participación en actos considerados ofensivos contra los símbolos patrios.
Los legisladores opositores cuestionaron tanto el contenido de la medida como la decisión de realizar los cambios mediante un DNU. Sostienen que las nuevas disposiciones podrían afectar garantías constitucionales y permitir la aplicación de sanciones administrativas sin una intervención judicial previa.
El diputado Esteban Paulón adelantó que impulsará la derogación de la norma y que también recurrirá a la Justicia. Según planteó, el decreto tendría una intención principalmente política y dificultades para ser aplicado dentro del ordenamiento jurídico argentino.
Desde Unión por la Patria también expresaron su rechazo. Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, cuestionó la contradicción entre la norma y el discurso del oficialismo, mientras que Jorge Taiana calificó la política como discriminatoria y aseguró que trabajarán desde el Congreso para detenerla.
El DNU deberá ser enviado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma. El cuerpo está compuesto por ocho diputados y ocho senadores y es presidido por la legisladora oficialista María Belén Monte de Oca.
Luego de que la comisión emita sus dictámenes, el decreto podrá ser tratado por las dos cámaras. Para que pierda vigencia, deberá ser rechazado tanto por Diputados como por el Senado. Si solamente una cámara vota en contra, continuará vigente.
Durante las críticas al decreto, algunos representantes opositores también relacionaron el debate sobre la soberanía con el proyecto que busca modificar la Ley de Tierras. Cuestionaron que el Gobierno invoque la defensa de los símbolos nacionales mientras promueve cambios que, según advierten, podrían facilitar la compra de tierras por parte de grandes grupos extranjeros.
