Cambian el protocolo de seguridad ante las amenazas a escuelas difundidas por redes sociales

El Ministerio de Seguridad de la Nación modificó el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a delitos informáticos y a las amenazas de violencia masiva contra escuelas que se difunden a través de las redes sociales.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y establece nuevas pautas para las tareas de prevención policial en el espacio cibernético, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Entre los principales cambios, la normativa dispone que el personal policial deberá ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales y prohíbe expresamente, sin autorización judicial, el tratamiento de datos sensibles y de publicaciones realizadas por menores de edad. Además, cuando durante una tarea de prevención en redes sociales exista certeza o presunción de que el monitoreo involucra a un menor, la actividad deberá suspenderse y dejarse constancia de la situación en el correspondiente libro de registro, con aviso a la autoridad responsable.

El nuevo protocolo contempla una serie de excepciones vinculadas con situaciones de especial gravedad. La suspensión del monitoreo no será obligatoria cuando exista riesgo para la vida del menor, indicios de que se encuentra en situación de desamparo, fugado o sustraído de su entorno, o ante posibles conductas autolesivas o suicidas.

También se podrá continuar con la tarea de prevención cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se esté cometiendo en tiempo real a través de internet y la interrupción del monitoreo pueda dificultar la prevención del hecho o la identificación del responsable.

Uno de los puntos centrales de la nueva resolución está relacionado con las amenazas contra establecimientos educativos. El protocolo habilita la continuidad de las tareas de prevención cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, incluyendo situaciones vinculadas con la amenaza, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública. En estos casos excepcionales, el personal interviniente deberá dejar constancia detallada de las circunstancias que justificaron la continuidad de la investigación y comunicar de manera inmediata la situación a la autoridad responsable.

La modificación del protocolo se produce en un contexto marcado por la creciente circulación de amenazas a escuelas a través de redes sociales, muchas de ellas viralizadas y difundidas públicamente, que generaron preocupación entre las comunidades educativas y obligaron a reforzar los mecanismos de prevención y respuesta.

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El Marplatense