Concesión del Minella: la denuncia judicial que pone el foco en la falta de obras, la transparencia y los antecedentes de la empresa adjudicataria
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani pidió que se investigue la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas. La presentación cuestiona la ausencia de información pública, el incumplimiento de compromisos asumidos y los vínculos de una de las firmas involucradas con una investigación financiera en Brasil.
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La concesión por 30 años del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y sectores del Parque Municipal de los Deportes quedó envuelta en una nueva controversia judicial. El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia para que la Justicia provincial investigue posibles delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público vinculados al proceso de adjudicación.
En la presentación, el fiscal sostiene que existe una creciente preocupación por la administración de uno de los patrimonios públicos más importantes de General Pueyrredon y reclama una investigación urgente para determinar si se protegieron adecuadamente los intereses de los contribuyentes.
La licitación fue adjudicada en julio de 2025 a Minella Stadium S.A., la única empresa que presentó una oferta. La sociedad está integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter. El proyecto contemplaba una inversión cercana a los 40 millones de dólares durante el período de concesión y la realización de decenas de eventos deportivos, culturales y musicales cada año.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos expuestos en la denuncia apunta a que, transcurridos varios meses desde la adjudicación y la toma de posesión de las instalaciones, no se observan obras de relevancia ni se conoce públicamente el plan ejecutivo definitivo ni el contenido completo del contrato firmado entre el Municipio y la empresa concesionaria.
Pettigiani remarca que distintos concejales de la oposición realizaron reiterados pedidos de informes para acceder a esa documentación sin obtener respuestas satisfactorias. Entre los dirigentes mencionados figuran Diego García, Gustavo Pulti, Horacio Taccone y Valeria Crespo.
La denuncia también pone el foco sobre la situación financiera y societaria de Revee, la firma brasileña que integra el grupo adjudicatario. Según se señala en la presentación, su grupo controlante, REAG Investimentos, fue alcanzado por investigaciones vinculadas al denominado "Caso Banco Master", un escándalo financiero que derivó en medidas adoptadas por el Banco Central de Brasil.
Para el fiscal, la Justicia deberá determinar si el Municipio verificó adecuadamente la solvencia económica de la empresa antes de otorgarle la concesión y si los fondos comprometidos para ejecutar las obras poseen un origen legítimo. "¿La Municipalidad entregó ese importante patrimonio a un concesionario solvente? ¿Los fondos que se comprometieron tienen un origen lícito?", plantea la denuncia.
Entre las medidas de prueba solicitadas, Pettigiani pidió que declaren los concejales que votaron en contra de la adjudicación, que el Municipio remita toda la documentación vinculada a la operación y que se requiera información a las autoridades brasileñas sobre la relación entre Revee y REAG.
La presentación judicial se suma a los cuestionamientos políticos que desde hace meses rodean al proyecto. Diversos sectores opositores vienen advirtiendo que, pese a los anuncios de inversión y modernización realizados al momento de la adjudicación, las obras aún no muestran avances significativos y persisten interrogantes sobre los plazos, las condiciones de financiamiento y las obligaciones asumidas por la concesionaria.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal sobre una de las concesiones públicas más importantes otorgadas por el Municipio en las últimas décadas.
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