Buscan prohibir los despidos en la provincia de Buenos Aires durante dos años
La iniciativa fue impulsada por la diputada bonaerense Mónica Schlotthauer y propone una serie de medidas para proteger el empleo ante el aumento de despidos y la crisis que atraviesan distintos sectores productivos.
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La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el plazo de dos años, con la posibilidad de prorrogarla por otros dos, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo frente al incremento de despidos y suspensiones.
La iniciativa sostiene que la provincia atraviesa un escenario de deterioro del empleo producto de la caída de la actividad económica y plantea la necesidad de implementar medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores tanto del sector público como del privado.
Entre los principales puntos del proyecto se propone la prohibición de despidos sin causa y de suspensiones por motivos económicos durante la vigencia de la emergencia. Además, establece que, en caso de producirse cesantías en incumplimiento de la norma, los trabajadores tendrían derecho a la reincorporación inmediata o, en su defecto, a percibir una indemnización agravada.
La propuesta también contempla la conformación de mecanismos de seguimiento para monitorear la evolución del empleo y promover políticas destinadas a sostener la actividad productiva en aquellos sectores que registren mayores dificultades. Según sus impulsores, el objetivo es evitar la pérdida de puestos de trabajo y brindar herramientas para afrontar la actual coyuntura económica.
Al presentar la iniciativa, Schlotthauer afirmó que el proyecto busca dar una respuesta a la situación que atraviesan numerosos trabajadores bonaerenses y advirtió sobre el crecimiento de los conflictos laborales y los cierres de empresas registrados en distintos puntos de la provincia.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense bajo el expediente D-2131/26-27 y deberá comenzar su tratamiento en las comisiones correspondientes antes de ser debatido en el recinto. Por el momento, se trata de una propuesta legislativa y aún no tiene fuerza de ley.
