Avanza el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Milei enfrenta una nueva amenaza de veto.
En una maratónica sesión, Diputados aprobó aumentos a las jubilaciones, un bono extraordinario, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Gobierno anticipó que vetará todas las medidas por su impacto fiscal.
En una sesión atravesada por la tensión y con un resultado que sorprendió incluso a sus impulsores, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles tres iniciativas de fuerte impacto social: un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, un bono de $110.000 para quienes perciben el haber mínimo y la restitución de la moratoria previsional por dos años. También dio media sanción a la ley de emergencia en discapacidad, que busca reforzar derechos y financiamiento para personas con discapacidad y los prestadores del sistema.
Los proyectos ahora deberán pasar por el Senado, pero desde el Poder Ejecutivo ya anticiparon que el presidente Javier Milei los vetará si se convierten en ley. Desde La Libertad Avanza estiman que el costo fiscal combinado de estas medidas alcanzaría el 1,8% del PBI, algo que consideran incompatible con el objetivo de déficit cero.
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Pese a las advertencias del oficialismo, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y diputados de provincias como Tucumán y Salta, que responden a mandatarios aliados al Gobierno, lograron imponerse con una mayoría inesperada.
“Se trata de crear una prestación proporcional, donde contemple que las personas que aportaron entre 10 y 29 años puedan tener una proporción de ese esfuerzo”, argumentó la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, impulsora de la propuesta alternativa al régimen de moratoria. La iniciativa, consensuada con Nicolás Massot y Alejandra Torres, propone una fórmula específica: parte de la Prestación Básica Universal más un adicional del 1,5% por cada año de aporte.
El dictamen de mayoría aprobado eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, suma congelada desde marzo de 2024 y con una pérdida del 40% de su poder adquisitivo. Con el aumento y el bono, el haber mínimo podría escalar a $436.727, siempre que también se apruebe en el Senado.
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Además, el proyecto plantea fuentes de financiamiento para amortiguar el impacto fiscal: eliminar exenciones al IVA y Ganancias para ciertos sectores empresariales, redireccionar partidas asignadas por DNU a la ex SIDE (por $33.000 millones) y nacionalizar fondos de registros automotor.
Desde el oficialismo, sin embargo, el rechazo fue contundente. “El presidente ya adelantó que va a vetar estas sanciones. Es una decisión del Poder Ejecutivo y lo prioritario es mantener el equilibrio fiscal”, sostuvo el diputado libertario Lisandro Almirón. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, advirtió que el costo fiscal total superaría los 12.000 millones de dólares.
La Cámara también aprobó con 143 votos afirmativos la ley de emergencia en discapacidad, que regirá hasta fines de 2027. El proyecto, impulsado por Daniel Arroyo, propone una serie de medidas administrativas y presupuestarias: incremento de pensiones no contributivas por invalidez (equivalentes al 70% del haber mínimo), actualización automática de aranceles para prestadores del sistema, condonación de deudas fiscales y fortalecimiento del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta iniciativa también fue duramente criticada por el oficialismo, que la consideró “demagógica” y sin respaldo presupuestario claro.
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Ante la inminencia del veto, algunos sectores del radicalismo propusieron establecer un plazo de 30 días para que el Ejecutivo aplique el bono con gradualidad, utilizando el superávit fiscal y los gastos tributarios. “No queremos que los jubilados vuelvan a quedarse sin respuesta, como ya pasó con el veto anterior”, sostuvo el radical Lisandro Nieri.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue categórico: el Gobierno utilizará “todas las herramientas constitucionales” para evitar que se comprometa la estabilidad fiscal. Desde la oposición, en cambio, anticiparon que insistirán si el veto se concreta. “El Congreso no puede estar cerrado y al servicio del oficialismo. Tenemos la obligación de representar a los sectores que están esperando respuestas”, sostuvo el diputado socialista Esteban Paulón.
El antecedente más cercano ocurrió en septiembre de 2024, cuando Milei vetó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Entonces, 87 diputados respaldaron la decisión del Ejecutivo. Ahora, el escenario podría cambiar. Los próximos movimientos en el Senado y la eventual reacción del presidente marcarán el tono del nuevo capítulo entre el Congreso y la Casa Rosada.
Fuente: TN
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