Alertan por límites en licencias por violencia de género: advierten riesgos para docentes en la Provincia

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de declaración que expresa su preocupación por las limitaciones detectadas en la reglamentación y aplicación de las licencias por violencia por razones de género en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. La iniciativa advierte que estas restricciones podrían afectar el ejercicio pleno de un derecho adquirido por las trabajadoras de la educación y debilitar su protección integral.

El expediente, impulsado por el diputado Christian Castillo (PTS-FITU), sostiene que en un contexto de aumento de las situaciones de violencia de género resulta indispensable que el Estado provincial garantice herramientas efectivas de resguardo. En ese sentido, remarca que la licencia constituye un instrumento clave para que las trabajadoras puedan atravesar procesos de denuncia, reorganización familiar y asistencia interdisciplinaria sin comprometer su estabilidad laboral ni sus ingresos.

Entre los principales cuestionamientos, el proyecto señala que la reglamentación vigente podría imponer límites rígidos a la extensión de las licencias, sin contemplar la complejidad de cada caso. Asimismo, advierte sobre la situación de docentes suplentes y provisionales que, al perder su cargo durante el período de licencia, quedan sin ingresos en medio de situaciones críticas, lo que contradice el espíritu de la normativa vigente.

La iniciativa también propone garantizar la continuidad del cobro de haberes durante toda la licencia, incluidas sus prórrogas, mediante mecanismos similares a los previstos para licencias por maternidad. Además, plantea la necesidad de contemplar escenarios excepcionales, como traslados urgentes por razones de seguridad, asegurando cobertura médica, continuidad laboral y acompañamiento integral.

El texto subraya la importancia de aplicar los principios de la Ley Nacional N°26.485, que establece la protección integral frente a la violencia de género, y reclama una articulación efectiva entre organismos estatales para evitar que las víctimas enfrenten obstáculos administrativos adicionales.

Finalmente, el proyecto insta a fortalecer las licencias sin restricciones arbitrarias, consolidar equipos interdisciplinarios de asistencia y garantizar que ninguna trabajadora vea precarizada su situación laboral por ejercer un derecho vinculado a su protección.

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El Marplatense