Alerta por ludopatía infantil en Argentina: uno de cada tres adolescentes ya apostó dinero por internet
El diputado bonaerense Diego Garciarena reclamó medidas urgentes ante el crecimiento del juego online entre menores. Citó estudios que muestran un inicio cada vez más temprano, endeudamiento y una fuerte exposición a la publicidad de las plataformas.
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El avance de las apuestas online entre chicos y jóvenes volvió a generar preocupación en la provincia de Buenos Aires. El diputado bonaerense Diego Garciarena, advirtió sobre la magnitud del fenómeno y pidió acelerar las medidas destinadas a impedir el acceso de menores a las plataformas.
Entre los números que utilizó para fundamentar su planteo aparece el informe Kids Online Argentina 2025, de Unicef y Unesco, según el cual uno de cada tres jóvenes de entre 12 y 17 años ya realizó apuestas con dinero por internet. El relevamiento también ubica alrededor de los 13 años la edad de ingreso a estas plataformas.
Otro estudio mencionado corresponde al Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, que relevó a más de 11.400 estudiantes secundarios de 16 provincias entre agosto y octubre de 2025. Los resultados indicaron que seis de cada diez tienen algún tipo de exposición a las apuestas, mientras que un 12% ya presenta deudas y ocho de cada diez consideran que las regulaciones actuales quedaron desactualizadas.
Garciarena también citó una encuesta que mostró que la proporción de personas de entre 16 y 29 años que apuesta online casi duplica la registrada entre la población general. A esto se suma la investigación “Apostar no es un juego”, realizada sobre más de 9.000 casos en el país, que encontró que cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 29 años apostaron alguna vez de manera virtual.
En territorio bonaerense, datos del Observatorio de Adicciones de la Defensoría del Pueblo indican que, mientras el 8,3% de los argentinos declaró haber realizado apuestas online alguna vez, la proporción asciende al 12,5% entre quienes tienen de 15 a 24 años. Además, cuatro de cada diez jóvenes que participan de estas prácticas eligen al fútbol como principal modalidad.
Uno de los aspectos que más preocupa es la rapidez con la que puede desarrollarse una dependencia. Según las estadísticas citadas por el legislador, un adulto puede tardar hasta siete años en desarrollar una adicción al juego, mientras que en un menor el proceso puede reducirse a dos años. Garciarena sostuvo además que la problemática puede perjudicar las trayectorias educativas y aseguró que se registraron episodios de autoflagelación y pérdida de vidas vinculados con estas conductas.
La publicidad aparece como otro factor central. Casi ocho de cada diez adolescentes reconocen haber estado expuestos a promociones de apuestas en redes sociales, transmisiones deportivas o contenidos de influencers, incluso sin haber ingresado previamente a este tipo de plataformas.
Frente a este escenario, Garciarena cuestionó la demora legislativa. Señaló que existen más de diez proyectos sobre el tema en el Congreso Nacional y que uno consiguió media sanción a fines de 2024. También recordó que presentó ese mismo año en la Legislatura bonaerense una iniciativa para establecer controles biométricos obligatorios, aunque todavía no fue tratada. Agregó que el Ejecutivo provincial cuenta con su propia propuesta, pero afirmó que hasta el momento no hubo avances.
Para el diputado, las medidas deberían concentrarse en tres aspectos: una verificación biométrica efectiva para ingresar a cualquier sitio de apuestas, la conexión de esos controles con las billeteras virtuales para evitar que los menores los eludan y mayores restricciones sobre la publicidad en medios, redes sociales y eventos deportivos. Como referencia, mencionó el caso de España y sus limitaciones al patrocinio de casas de apuestas en clubes y competencias.
Garciarena también advirtió que el negocio de las apuestas digitales mueve miles de millones de dólares por año en Argentina y sostuvo que el problema no puede quedar únicamente bajo responsabilidad de las familias. Para el legislador, el Estado, las empresas y los hogares deben asumir un rol conjunto para reducir el acceso de los menores y evitar que una práctica cada vez más instalada termine convirtiéndose en una adicción.
