La Justicia ordena a banco privado a devolver $9.600 millones a 620 mil consumidores
Tanto el Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata como la Sala III de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad concluyeron que BBVA cobró intereses indebidos.
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BBVA Argentina fue condenado a reintegrar $9.600 millones a más de 620.000 usuarios de todo el país, tras una acción colectiva impulsada por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA).
El proceso judicial se originó a raíz de las financiaciones compulsivas de saldos de tarjetas de crédito implementadas durante la pandemia de Covid-19, en abril de 2020, mediante la Comunicación A 6964 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La demanda cuestionó la conducta de la entidad financiera por haber aplicado condiciones que, según la Justicia, resultaron contrarias a la normativa vigente y perjudicaron a cientos de miles de clientes, quienes terminaron abonando intereses superiores a los que correspondían.
Tanto el Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata como la Sala III de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad concluyeron que BBVA cobró intereses indebidos y que la financiación fue otorgada por un plazo inferior al establecido por la legislación de emergencia dictada durante la pandemia.
La condena ya se encuentra firme para el banco, aunque ACUBA presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para reclamar la incorporación de otros conceptos indemnizatorios.
Según informó la asociación, BBVA debía acreditar los montos correspondientes en las cuentas de los clientes activos y convocar a quienes ya no operan con la entidad para que informaran un CBU o alias donde recibir el reintegro. Sin embargo, el plazo de 10 días hábiles fijado para cumplir con esa obligación habría vencido sin que se concretara el procedimiento, por lo que la organización inició la ejecución de la sentencia.
Desde ACUBA señalaron además que situaciones similares fueron detectadas en otras entidades bancarias del país, motivo por el cual desde 2020 se impulsan acciones judiciales contra bancos como Santander, Galicia, ICBC, Supervielle e Hipotecario, entre otros.
