Alrededor de nueve mil detenidos se encuentran realizando una huelga de hambre desde hace seis días en penales de la provincia de Buenos Aires en reclamo del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la derogación de la llamada Ley Blumberg, la reinstauración de la ley del 2x1 y por la falta de alimentos, entre ellos carne y pollo, pero desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron que la provisión de comida se ofrece de manera normal en todos los penales y que sólo hubo inconvenientes con esas mercaderías algunas semanas de noviembre.

Fuentes del SPB informaron que los reclusos que se plegaron a la medida representan un 20 por ciento del total de internos alojados en las cárceles de la provincia, y que por el momento “la situación está controlada porque la protesta es de manera pacífica”.

En ese sentido, destacaron la presencia de jueces, fiscales y organismos de derechos humanos en los penales que están permanentemente dialogando con los presos para mantener calma la situación.

Los penales donde se registra mayor adhesión a la huelga son las unidades 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán, en tanto que en las otras el acatamiento es dispar, indicaron los voceros.

Y precisamente en Mar del Plata, el titular del Juzgado de Garantías N° 4, Juan Tapia puso de manifiesto esta situación. “Es una cuestión estructural, que se viene agravando y profundizando básicamente por la cantidad de personas encerradas en una limitada cantidad de prisiones. En esta última gestión ha aumentado en 15 mil personas la cantidad de detenidos. En ese marco el rol del poder judicial es muy importante. Los tres Poderes del Estado tienen que tomar nota de la situación”, confió en conversación con el programa “Antes que sea tarde” que se emite por Mitre Mar del Plata.

Y detalló: “El Judicial, promoviendo el habeas corpus, que son pequeños “parches” para una situación estructural y compleja. El Ejecutivo, en el que el nuevo Gobierno tendrá un gran desafío con la cuestión carcelaria. Mientras que el Legislativo tiene un rol central en el monitoreo de atención y en la necesidad de promulgar la ley de cupos, que establezca cuál es el límite de alojamientos de personas en cada una de las Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires y buscar mecanismos para, cuando se excede ese cupo, ver la forma de liberar a quien está más próximo de cumplir la pena o a quien cometió el delito más leve. Los tres poderes tienen un grado de responsabilidad en esta situación”.

Sobre los cupos que mencionó, agregó que “la provincia de Buenos Aires tiene un récord histórico. Más de 55 mil personas privadas de la libertad. Hay una sobrepoblación cercana al 60%, con lo cual está claro que estamos absolutamente excedidos”.

En relación a la situación carcelaria en Batán, Tapia afirmó: “Estuvimos haciendo recorrida en la Unidad Penal y muchos internos decían que no iban a hacer huelga de hambre por cuestiones de integridad física, a raíz de situaciones que ya venían padeciendo. Después uno de los pabellones tomó la decisión de hacer la medida de fuerza. Ante lo cual debemos responder de una manera efectiva a estas demandas. Pero más allá de la respuesta coyuntural ante esta situación, habrá que sentarse a planificar políticas penitenciarias porque hace mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires viene agravándose y la eclosión es la consecuencia que ahora se pone de manifiesto”.

La privación de la libertad debe contar con alimentación, espacios y en condiciones dignas. A lo que Tapia agregó que “es una gran batalla cultural. Ya que algunos manifiestan el desinterés por lo que ocurre en el interior de una cárcel porque el que está ahí cometió un delito y ´no importa´, y que el Estado dedique sus recursos a cosas más importantes. Pero hay que reparar que vivimos en un estado de derecho, que nos comprometimos a que el Estado no puede violar la ley ante un reproche de un ciudadano que eventualmente ha violado una ley. Y la única sanción es la privación de la libertad ambulatoria y la cárcel no puede transformarse en una pena de muerte por azar, donde cada tres días muere un detenido ni tampoco pueden avalarse tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre personas que están bajo custodia del Estado, que es responsable de la integridad física de esas personas”.

Refiriéndose al número de muertes, el titular del Juzgado N°4 de nuestra ciudad, destacó que “en Mar del Plata hay números alarmantes del último tiempo por enfrentamientos en situaciones absolutamente evitables, de la calle y que transitoriamente se encontraron en un mismo lugar. El Estado es responsable de controlar que ello no ocurra. Y particularmente, en el último mes hemos tenido un muerto por semana. Es una respuesta negativa respecto de aquello que se pretende evitar, que es procurar con el encierro que una persona pueda desnatularizar el hecho violento que ha cometido para llegar a ese espacio y reinsertarse pacíficamente a la sociedad”.

En este caso en particular, la problemática coyuntural, según Tapia depende de “que los funcionarios que entienden en las causas de los internos, se comuniquen con el detenido que está haciendo esa medida de fuerza, que monitoree su salud y vaya viendo que ese reclamo sea razonable. Y ver cuáles son los carriles adecuados para que el sistema de salud pueda atender las condiciones básicas de vida”.