El Gobierno tildó de “muy político” el paro universitario y sostuvo que no afectó a las aulas en el interior
Desde la administración de Javier Milei afirmaron que se cumplieron los acuerdos paritarios y que la medida de fuerza tuvo escaso acatamiento fuera de la UBA. La disputa por el financiamiento se trasladará a la Justicia.
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El Gobierno nacional descalificó la jornada de paro realizada hoy por los gremios docentes y no docentes universitarios, tildando la medida de fuerza como “muy política” y sosteniendo que se promovió “sin motivos concretos”.
Voceros de la administración conducida por el presidente Javier Milei señalaron que los sindicatos “ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente”, buscando actuar “en sincronización con el kirchnerismo” para erosionar la gestión pública tras otras protestas recientes del sector científico y social.
Desde la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano remarcaron que el Poder Ejecutivo cumplió con la totalidad de las obligaciones asumidas en la negociación paritaria, lo que incluye la transferencia de partidas financieras a los centros de salud universitarios y el respeto del acta rubricada el 10 de junio pasado.
Según indicaron desde el área ministerial, “los incrementos acordados se están abonando según los montos y plazos establecidos”, recordando además que se fijó una instancia de cuarto intermedio prevista para los primeros días de septiembre con el propósito de reanudar el análisis del esquema salarial.
Asimismo, evaluaron que la huelga tuvo un impacto limitado en el dictado de clases a nivel federal: “Les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases”, aseveraron, acotando el acatamiento mayoritario al ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El nudo del conflicto entre el colectivo docente y la Casa Rosada radica en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que se encuentra judicializada. Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de las partidas para becas, el Gobierno confía en una resolución judicial favorable al sostener que la aplicación del texto “rompe el equilibrio fiscal”.
En ese marco, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, citó a las partes a una audiencia fijada para el próximo viernes 21 con el fin de explorar un acercamiento, aunque desde el oficialismo prevén un escenario de no acuerdo pese a contar con fondos de contingencia asignados.
