Manuel Adorni pidió suspender el plazo para justificar su patrimonio ante la Justicia

La investigación judicial que tiene como protagonista a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito ingresó en una instancia decisiva. A horas de que finalice el plazo otorgado por la Fiscalía, la defensa del exfuncionario solicitó suspender el requerimiento que lo obliga a explicar distintos aspectos vinculados con la evolución de su patrimonio.

El plazo de 15 días vence este miércoles 26 de agosto. El pedido fue presentado por el abogado de Adorni, Matías Ledesma, quien argumentó que la defensa todavía no pudo acceder a determinados elementos incorporados al expediente y que considera necesarios para elaborar una respuesta completa.

El planteo deberá ser analizado por el juez Ariel Lijo. Mientras tanto, la defensa también solicitó acceder al contenido del teléfono del contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos en la vivienda que Adorni posee en un country. El pedido está limitado a la información relacionada con las obras realizadas en el inmueble y al vínculo entre ambos.

El requerimiento fue elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita luego de un análisis patrimonial y financiero realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

La investigación busca reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023. De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, fueron detectadas inconsistencias entre determinados incrementos patrimoniales, adquisiciones y gastos y los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.

Entre los puntos que la Justicia pretende esclarecer aparece el origen de US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en bitcoin. La Fiscalía busca determinar si existen documentos que permitan acreditar el origen de esos fondos y la operatoria vinculada con los criptoactivos.

El cuestionario también incluye preguntas sobre dólares en efectivo declarados, préstamos atribuidos a familiares, la compra de un Jeep y la adquisición de un lote en un country. Además, Pollicita pidió explicaciones sobre el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad. En particular, la Fiscalía puso bajo análisis pagos por unos US$245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación, así como otros desembolsos vinculados con muebles y mejoras en un departamento.

El requerimiento fiscal también abarca movimientos bancarios, consumos con tarjetas de crédito, operaciones a través de billeteras virtuales, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares. La Justicia busca establecer si los movimientos financieros registrados guardan correspondencia con los ingresos acreditados del grupo familiar y determinar el origen de diferentes fondos utilizados para adquisiciones y pagos.

La decisión sobre el pedido de suspensión quedará ahora en manos de la Justicia.

Fuente: TN

Sobre el autor

El Marplatense