Imputaron a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y analizan su patrimonio
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la causa y pidió 12 medidas de prueba. Investigan bienes, viajes y declaraciones juradas del funcionario y de su esposa.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una batería de medidas para analizar su patrimonio, en una investigación que se desarrolla en el ámbito judicial y se encuentra en etapa inicial.
La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien interviene tras la inhibición de la jueza María Servini. El objetivo es reconstruir la situación patrimonial del funcionario y determinar si existen inconsistencias o un incremento no justificado en relación con sus ingresos declarados.
En ese marco, el fiscal requirió doce medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses.
Además, se solicitó información sobre bienes que podrían estar a nombre de Adorni o de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, incluyendo propiedades que no habrían sido declaradas, así como detalles sobre expensas en el country Indio Cuá Golf Club (Ruta 6, km 173).
La investigación también abarca los viajes realizados por el funcionario a destinos como Estados Unidos y Punta del Este. En ese sentido, se pidió a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle completo de ingresos y egresos del país desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.
Asimismo, se requirió a la Oficina Anticorrupción copia certificada de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, incluyendo anexos reservados. También se solicitaron informes al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves para verificar posibles bienes registrables a su nombre.
La investigación incluye, además, el análisis de movimientos laborales, operaciones financieras e inmobiliarias y préstamos familiares mencionados en la denuncia, con el objetivo de contrastar toda la información con los ingresos declarados por el funcionario.
Fuente: con información de DIB
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