Impulsan una propuesta para evitar la ocupación ilegal de inmuebles en Mar del Plata
La bancada radical pidió que las empresas de energía eléctrica trabajen con el Ejecutivo local para que en conjunto implementen protocolos de verificación previa para solicitudes de nuevas conexiones y reempadronamientos.
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El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de solicitarle a las empresas y cooperativas prestatarias del servicio de energía eléctrica que operan en General Pueyrredon que trabajen en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal para que elaboren e implementen protocolos de verificación previa para solicitudes de nuevas conexiones y reempadronamientos, orientados a prevenir la consolidación de ocupaciones ilegítimas de inmuebles.
En ese sentido, propusieron que se considere un esquema de control documental mínimo, admitiendo como vías de acreditación, sin carácter taxativo y con criterio de razonabilidad:
a) Título: escritura inscripta, boleto de compraventa con intervención notarial de su contenido -no solo certificación de firmas- u otro instrumento que acredite derecho legítimo de posesión;
b) Tenencia legítima: contrato de locación, comodato u otro vínculo jurídico válido con autorización del titular registral;
c) Habilitación pública: constancia emanada de autoridad judicial o administrativa que autorice la ocupación o el uso;
d) Otros supuestos con respaldo normativo (p. ej., adjudicaciones de vivienda social, regularizaciones reconocidas por autoridad competente), debidamente acreditados.
De esta manera, desde la UCR se remarcó “la necesidad de prevenir la instalación de medidores de energía eléctrica en terrenos o inmuebles ocupados irregularmente o usurpados dentro de General Pueyrredon”.
Al mismo tiempo, se explicó que “la propiedad privada cuenta con tutela constitucional, artículo 17 de la Constitución Nacional y artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, siendo deber de los poderes públicos prevenir actos que la vulneren”.
A su vez, se añadió que “el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce mecanismos de protección de la posesión legítima y de la propiedad, incluyendo acciones específicas frente a ocupaciones ilegítimas. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a los consumidores el acceso a servicios públicos de calidad, imponiendo a las prestatarias el deber de brindar su servicio conforme a la ley y sin lesionar derechos de terceros”.
A continuación, desde la bancada radical se señaló que “la instalación de medidores en inmuebles ingresados sin título legítimo puede contribuir, involuntariamente, a la consolidación fáctica de situaciones irregulares, complejizando restituciones y agravando conflictos vecinales”.
“En el Partido de General Pueyrredon existen situaciones de ocupación irregular y conflictos de tenencia que exigen mecanismos preventivos y de verificación documental coordinados entre el Municipio y las prestatarias, sin estigmatizar a poblaciones vulnerables ni desconocer excepciones legales válidas”, agregaron los ediles y finalizaron afirmando que “el Honorable Cuerpo debe promover instancias de cooperación institucional que resguarden la legalidad, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica”.
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