Agua contaminada en colegios de Mar del Sud: imputaron a un contratista y a tres funcionarios del Consejo Escolar
Los fiscales descubrieron que los certificados de potabilidad exhibidos ante las autoridades y las familias eran falsos.
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Cuatro personas fueron formalmente imputadas por el Ministerio Público Fiscal por su presunta responsabilidad en el suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos de Mar del Sud. Se trata de un contratista y de tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado, acusados de defraudación a la administración pública, uso de documentos falsificados e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
La causa se inició hace aproximadamente cinco meses, luego de que padres de alumnos notaran cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos en sus hijos, coincidentes con problemas sanitarios en el funcionamiento del pozo ciego de desechos cloacales, ubicado muy cerca del pozo que provee agua potable al predio donde funcionan una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes.
Ante estas sospechas, la cooperadora del polo educativo encargó un laboratorio privado para realizar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos del agua antes del inicio del ciclo lectivo 2025. Los resultados, dados a conocer el 5 de marzo, revelaron que el agua no era segura para consumo humano: se detectaron Escherichia coli -indicativo de contaminación fecal- y Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que también representa riesgo para la salud.
Qué encontraron los fiscales:
- Se constató que los certificados de potabilidad exhibidos ante las autoridades y las familias eran falsos.
- El contratista acusado es señalado como quien debía certificar que el agua era potable, pero también de haber falsificado informes en más de cien casos entre 2021 y 2024, en distintos establecimientos educativos del partido de General Alvarado.
- Los tres funcionarios del Consejo Escolar-la presidenta, la vicepresidenta y el tesorero- están imputados tanto por falsedad ideológica como por no cumplir con sus deberes, ya que avalaron la exhibición de informes adulterados.
La audiencia de formalización fue presidida por el juez de Garantías Santiago Inchausti, y los fiscales intervinientes fueron Carlos Martínez (titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, Unidad Fiscal Mar del Plata) y Agustín Roldán (auxiliar). Allí, otorgaron 180 días para la investigación, plazo durante el cual se profundizarán las pruebas.
Además, se dictaron diversas medidas para asegurar el proceso, al prohibirles salir del país sin autorización judicial y acercarse al polo educativo de Mar del Sud (ubicado en manzana de calles 106 y 27), y ordenaron embargar los bienes registrables de los imputados, especialmente para la presidenta del Consejo Escolar, ya que no se detectaron bienes registrados a su nombre hasta el momento.
Según el fiscal Martínez, el accionar de los imputados “ha puesto en riesgo la salud de la comunidad educativa”, al distribuir agua sabiendo que no era potable, ocultando su peligrosidad y falsificando documentos para hacerla pasar por segura.
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