YPF: el Gobierno rechazará el pedido de desacato presentado por el fondo Burford
Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que la Argentina cumple con todos los pasos exigidos por la justicia de Estados Unidos y calificaron el planteo como una estrategia de presión del fondo litigante.
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El Gobierno nacional rechazará el pedido de “desacato” presentado por el fondo Burford Capital en el marco del juicio por la expropiación de YPF, que derivó en un fallo adverso por US$ 16.000 millones dictado por la jueza Loretta Preska. La respuesta formal será presentada el próximo 19 de febrero, dentro de los plazos procesales establecidos por el tribunal.
Según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Argentina cumplió “plena y ampliamente” con el proceso de discovery, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y el testimonio de distintos funcionarios nacionales, tal como lo exige la justicia estadounidense.
El pedido de Burford apunta a que se declare a la Argentina en desacato por no entregar supuestos chats y correos electrónicos, con el objetivo de probar una presunta vinculación directa entre el Estado nacional y YPF bajo la figura de alter ego. Desde la defensa argentina rechazaron esa interpretación y remarcaron que las solicitudes del fondo son “intrusivas y desproporcionadas”.
Además, señalaron que el planteo debe leerse en el contexto de recientes avances judiciales favorables al país, que debilitaron la posición procesal de Burford. Entre ellos mencionaron la audiencia de apelación del fallo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la entrega de acciones de YPF, el respaldo de Estados Unidos, Israel y otros países, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia de Irlanda.
Desde la Procuración sostuvieron que el fondo recurre ahora a una estrategia de hostigamiento ante la pérdida de herramientas legales para mejorar su posición. “Busca presionar al país y forzar una negociación desde un lugar que ya no tiene”, afirmaron.
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará cumpliendo con el proceso de discovery, siempre dentro de los límites que fija la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos analiza las apelaciones presentadas contra las órdenes dictadas por el tribunal de primera instancia.
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