Sindicatos denuncian a Milei, Caputo y ex titular del BICE por la privatización de Intercargo
La presentación de APA cuestiona el precio base fijado para la valuación de la empresa estatal y advierte sobre un posible perjuicio económico para el Estado y el empleo en el sector.
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La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del BICE Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en la valuación y licitación de Intercargo, en el marco del proceso de privatización.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3, donde se investigan posibles delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados a la determinación del precio base de venta.
El eje de la denuncia apunta a la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, que fijó un valor inicial cercano a los 45 millones de dólares para la privatización de la empresa. Desde el gremio calificaron esa cifra como “inexplicable” frente a los indicadores económicos recientes.
Intercargo, empresa estatal encargada de servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos, presenta balances positivos y activos significativos, lo que -según APA- pone en duda la valuación oficial.
La tasación fue realizada por el BICE mediante el método de flujo de fondos descontados, una herramienta habitual en valuaciones empresariales. No obstante, el sindicato cuestionó que no se haya convocado a organismos con mayor especialización en tasaciones públicas.
La denuncia se inscribe en el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno tras la Ley Bases, que habilita la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional.
Desde APA advirtieron que el valor fijado podría implicar un perjuicio económico para el Estado y denunciaron un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público”. También alertaron sobre el impacto en el empleo, al señalar que la empresa involucra a unos 1500 trabajadores del sector.
En ese contexto, afirmaron que la presentación busca “evitar una posible estafa al pueblo argentino” y adelantaron que continuarán con acciones en el plano judicial y gremial.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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