Secta en el Senado bonaerense: investigan si una funcionaria intentó frenar las denuncias
Tres mujeres señalaron a una militante y exfuncionaria provincial por un presunto intento de encubrimiento. La fiscal del caso citó a un testigo clave para determinar si se buscó impedir que la causa llegara a la Justicia.
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La causa que investiga a la secta conocida como “La Orden de la Luz”, liderada por dos empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. La fiscal Betina Lacki intenta determinar si una funcionaria bonaerense habría intentado evitar que las denuncias salieran a la luz.
En ese marco, fue mencionada Melina Gaudino, militante del movimiento Movimiento Ciudadano La Capitana y exdirectora en un área del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien fue señalada por tres denunciantes como parte de una posible maniobra para tapar los hechos o frenar el avance judicial.
Según consta en el expediente, una de las víctimas recurrió a Gaudino en enero de 2017 en busca de ayuda. Fue ella quien las puso en contacto con el abogado Claudio Yacoy, actual secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, hoy citado como testigo clave. Las mujeres aseguraron haber entregado material probatorio contundente, que incluía mensajes, correos electrónicos, fotos y audios, bajo la promesa de que la causa avanzaba.
Sin embargo, con el correr de los meses, las denunciantes comprobaron que no se había presentado ningún escrito, que no existían pedidos de perimetral, indagatorias ni prisión preventiva, y que ni la fiscal ni el juez habían sido contactados, tal como se les había asegurado.
Al tomar contacto directo con Yacoy, las víctimas relataron que el abogado negó haber presentado documentación alguna y afirmó que nunca tuvo reuniones con la fiscal ni con el juez de la causa, lo que profundizó las sospechas sobre un posible encubrimiento.
Yacoy había sido citado a declarar la semana pasada, pero no se presentó. La fiscalía evalúa ahora si fue correctamente notificado y, de confirmarse, convocar una nueva audiencia para avanzar en la investigación.
Los acusados y el funcionamiento de la secta
Los principales imputados, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, permanecen detenidos desde diciembre y están procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado, en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019. Él figura como autor y ella como partícipe necesaria.
De acuerdo a la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal, con Rodríguez como líder absoluto, autodenominado “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual y facilitadora, captando y manipulando a las víctimas, muchas de ellas a través de la militancia política, el ámbito universitario o espacios feministas.
La investigación continúa en pleno desarrollo. En los próximos días, la fiscal deberá solicitar la prisión preventiva, mientras que el 22 de enero se realizará la apertura de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados. Además, se evalúa que podría haber al menos 20 víctimas, algunas menores de edad, que aún no se animaron a denunciar formalmente, pero podrían aportar testimonio en la causa.
Fuente: TN
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