Procesaron al ex ministro de transporte bonaerense por lavado de activos
Se trata de Jorge D’Onofrio. La medida incluye un embargo de $350 millones sobre sus bienes. Se investiga una estructura criminal destinada a desviar fondos provenientes de multas de tránsito y la VTV.
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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento de Jorge Alberto D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito. La medida incluye un embargo de $350 millones sobre sus bienes, aunque continuará en libertad. También fue procesado Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones.
La causa se inició en septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios y particulares, con división de funciones y jerarquías, destinada a desviar fondos públicos provenientes del sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según la presentación, el dinero era luego invertido en bienes bajo apariencia lícita, utilizando prestanombres.
Uno de los elementos clave de la investigación fue la adquisición de una camioneta Audi Q8 registrada a nombre de Asensio por $30 millones, aunque asegurada por $173,8 millones. Las pruebas reunidas demostraron que el uso y dominio del vehículo correspondían a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducir y abonaba el servicio de Telepase. La operación incluyó un contrato de mutuo con una sociedad familiar sin actividad económica verificada, lo que llevó al juez a concluir que se trataba de una maniobra de disimulación patrimonial típica del lavado de activos.
El vehículo fue transferido posteriormente a un tercero el mismo día en que la Cámara Federal de San Martín resolvió la competencia del tribunal. En sus declaraciones, D’Onofrio negó ser propietario del rodado y justificó su uso por vínculos personales con Asensio, quien también reconoció haberle otorgado la cédula azul.
El procesamiento de D’Onofrio fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos. Ambos imputados mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.
D’Onofrio había presentado su renuncia al Ministerio de Transporte el 30 de diciembre de 2024, en medio del avance de esta causa y otra investigación paralela por corrupción en el sistema de fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, donde también fue imputado por fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Fuente: con información de Infobae
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