Polémica en la Legislatura bonaerense: La Libertad Avanza busca derogar la Ley Micaela
Los diputados Guillermo Castello y Sebastián Pascual presentaron un proyecto para eliminar la capacitación obligatoria en género en los tres poderes del Estado.
Los diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, Guillermo Castello y Sebastián Pascual, presentaron un proyecto en la Legislatura provincial para derogar la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
En los fundamentos, los legisladores libertarios cuestionaron la obligatoriedad de las capacitaciones al considerar que “imponen requisitos ajenos a la idoneidad necesaria para cada cargo público” y que la norma “carece de sentido común”.
Según señalaron, la formación en perspectiva de género no garantiza mejoras institucionales, sino que “responde a una carrera política por imponer más cursos sin fundamentos reales”.
Castello y Pascual calificaron la medida como “una exigencia constitucionalmente irrazonable” y afirmaron que la Ley Micaela abrió paso a una “ola de capacitaciones obligatorias” que se extendió a empresas estatales, concesionarias e instituciones privadas, afectando, según su postura, “la libertad y la propiedad”.
Además, los diputados denunciaron que las capacitaciones funcionan como “un caballo de Troya” para el ingreso de “militantes políticos” al Estado, a quienes acusan de utilizar los cursos como herramienta de “adoctrinamiento ideológico”. También criticaron los costos administrativos y presupuestarios que implica su implementación, a los que calificaron de “demagogia legislativa”.
La Ley Micaela fue promulgada en 2019 y lleva el nombre de Micaela García, joven militante del Movimiento Evita asesinada en 2017. La norma busca garantizar la formación integral de todas las personas que se desempeñan en la función pública para prevenir la violencia de género y promover la igualdad en los tres poderes del Estado.
El proyecto de Castello y Pascual ya generó controversia en el ámbito político y social, dado que la Ley Micaela es considerada una política pública clave en materia de derechos humanos y equidad de género en la Argentina.
Fuente: Diputados bonaerenses
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