ONG’s presentaron un amparo contra la demolición del Luna Park
Buscan impedir lo que describen como la “destrucción inminente e irreversible” del mítico escenario. La presentación fue elevada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°5.
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Tres organizaciones no gubernamentales presentaron un amparo colectivo para impedir lo que describen como la “destrucción inminente e irreversible” del Luna Park. La acción fue interpuesta el pasado lunes 1 con el patrocinio de los abogados Jonatan E. Baldiviezo, Jorge Barbagelat y Pacífico Rodríguez Villar, y busca frenar el proyecto aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que consideran incompatible con el régimen de protección patrimonial vigente sobre el inmueble.
La presentación fue elevada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°5, donde ya tramita otra denuncia por el mismo tema, con la intervención del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La iniciativa surgió tras la autorización otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante la Disposición 1283/DGIUR/25.
Las entidades -Asociación Civil Basta de Demoler, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad- sostienen que la habilitación da lugar a una obra que excede lo permitido para un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y catalogado con protección estructural, categoría que prohíbe demoliciones y modificaciones de volumen.
El amparo se apoya en un informe técnico elaborado por los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, especialistas en patrimonio arquitectónico. Allí se afirma que el proyecto presentado como una “puesta en valor” constituye “la demolición encubierta de casi todo el edificio, a excepción de las fachadas, que se modifican sustancialmente”. El escrito advierte sobre el reemplazo de la cubierta histórica, el incremento del volumen edilicio y la construcción de un nuevo estadio con capacidad ampliada, que pasaría de 8400 a entre 11.000 y 13.000 espectadores.
Según las ONG’s, estas intervenciones implican “la pérdida irreparable del bien protegido” y violan numerosos artículos del Código Urbanístico. Señalan que la normativa exige conservar tipología, materialidad exterior y elementos que definen la forma del edificio, permitiendo únicamente adecuaciones menores, reversibles y sin impacto en la volumetría ni en la estética del conjunto.
El documento subraya que las mejoras tecnológicas necesarias -como actualización de instalaciones, seguridad, iluminación y acondicionamiento- podrían ejecutarse sin demoler la cubierta ni las tribunas, sin aumentar el volumen ni modificar las fachadas. En esa línea, sostiene que existen alternativas de rehabilitación compatibles con la normativa y que la propuesta aprobada provoca una pérdida “prácticamente total” de los componentes patrimoniales.
En la medida cautelar, las asociaciones solicitaron suspender los efectos de la disposición, prohibir cualquier intervención sobre el inmueble -incluyendo demoliciones, modificaciones de fachada, reemplazo de la cubierta o excavaciones- y ordenar a la Ciudad abstenerse de otorgar permisos basados en la factibilidad aprobada.
Finalmente, las entidades acusan al Ejecutivo porteño de incumplir su deber de preservar el patrimonio cultural y de actuar con arbitrariedad al habilitar una intervención que consideran contraria al Código Urbanístico. Afirman que la autorización implica atribuirse facultades legislativas, ya que una obra de tal magnitud sobre un edificio protegido requeriría una ley de la Legislatura con doble lectura y audiencia pública. Advierten, además, que el caso pone en cuestión la capacidad del Estado para aplicar las normas de preservación frente a intereses económicos y remarcan el “sinsentido” de destruir un edificio histórico con el argumento de conservarlo.
Fuente: con información de Ejes.com
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