Nuevo golpe de Trump a Harvard: pondrá fin a todos los contratos del gobierno con la universidad
Es el último intento del presidente para obligar a la institución a someterse a una supervisión sin precedentes.
El presidente estadounidense Donald Trump va a fondo en una guerra total contra Harvard, días antes de una audiencia clave sobre el futuro de miles de alumnos extranjeros en esa universidad cuyas visas están por ser revocadas. Hoy se supo que la Casa Blanca se apresta ahora a cancelar todos los contratos del gobierno federal con la prestigiosa casa de estudios, por un valor estimado de 100 millones de dólares, con el objetivo de obligarla a someterse a una supervisión sin precedentes.
Los recortes adicionales figuran en un borrador de una carta destinada a todas las agencias para que identifiquen cualquier contrato con Harvard y encuentren “proveedores alternativos” para futuros servicios.
La carta es una muestra más de la decisión de Trump de doblegar a esta universidad, la más rica y poderosa del país, y a la que considera un centro elitista, antisemita, ultraliberal y promotor de la cultura woke, ahogándola financieramente y con otras medidas que tomó recientemente. En total, el gobierno ya congeló unos 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con la universidad.
Ayer Trump ya había anticipado su ofensiva y en un mensaje en Truth Social había dicho que entre los estudiantes extranjeros había “lunáticos radicalizados, alborotadores”.
La semana pasada causó conmoción en el campus y en todo el mundo -Harvard es un faro para la educación global- al prohibirle la capacidad de inscribir a estudiantes e investigadores internacionales en sus aulas. Miles de alumnos tienen miedo de ser expulsados y los que ya fueron admitidos para el año entrante temen ser frenados en los aeropuertos.
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La universidad alberga más de 6.000 estudiantes extranjeros de 140 países (incluidos 58 argentinos) y esta medida, en principio, deja en el limbo las visas de todos ellos. Pero la iniciativa del gobierno fue congelada por una jueza federal de Boston que convocó a una audiencia de emergencia este jueves para que las partes expresen sus posiciones.
La magistrada dijo que el bloqueo fue necesario porque sin él la universidad "sufrirá un daño inmediato e irreparable antes de que haya oportunidad de escuchar a todas las partes" y dijo que en la audiencia del jueves podría considerar un congelamiento a largo plazo de las acciones del gobierno.
Pero antes de esa audiencia, el mandatario estadounidense avanzó aún más en su batalla, con más recortes. La carta de hoy instruye a las agencias a responder antes del 6 de junio con una lista de cancelaciones de contratos. Algunos ejemplos de los que podrían verse afectados son trabajos de investigación y formación de ejecutivos, entre otros.
El Gobierno acusa a la universidad de ser un centro ultraliberal, que sigue utilizando políticas de diversidad racial en su proceso de admisión a pesar de la prohibición de la Corte Suprema (en realidad el porcentaje de afroamericanos bajó de 18 a 14% este año), y de permitir el comportamiento antisemita en el campus. El Departamento de Seguridad Interior había ordenado a Harvard que presentara registros sobre supuestas "actividades ilegales, peligrosas y violentas" de estudiantes internacionales en los últimos 5 años. Si bien la universidad entregó algunos reportes, el gobierno dice que no es suficiente.
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En tanto, Harvard se defiende y afirma en la corte que lucha por sus derechos de la Primera Enmienda y acusa a la administración Trump de tratar de controlar su personal, su proceso de admisión y su plan de estudios.
A diferencia de otras universidades como Columbia, que aceptó varias de las imposiciones del gobierno a cambio de que no le quiten los subsidios, Harvard enfrentó al presidente en distintas cortes y acusa al gobierno de querer auditar la ideología política de los estudiantes y profesores para anular “la diversidad de puntos de vista”.
Más allá de la su demanda por la visa de los estudiantes internacionales, el mes pasado ya había presentado otra para buscar la restitución de más de 3.000 millones de dólares en fondos federales.
Fuente: Clarín
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