La AFAT alerta sobre la importación “irrestricta” de maquinaria agrícola usada
La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y maquinarias agrícolas e industriales (AFAT), advirtió la peligrosidad de la decisión.
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La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y maquinarias agrícolas e industriales (AFAT), advirtió la peligrosidad de la decisión por parte del Gobierno Nacional de importar maquinaria usada para el sector ya que "podría destruir el futuro del sector agrícola”, sostuvieron en un comunicado.
“Argentina tiene todas las oportunidades para ser el país más eficiente del mundo en producción agropecuaria, para lo cual requiere modernización y tecnología. La competitividad de la fabricación local se logra bajando el costo argentino”, explicaron.
"Importar equipos usados, subsidiados y obsoletos nos alejan de esa meta.
AFAT expresa su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola. La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país", agregaron desde la entidad.
Cabe destacar que las empresas de AFAT son protagonistas esenciales de la producción agropecuaria argentina, y llevan invertidos miles de millones de dólares, desde hace más de cinco décadas, en el desarrollo, fabricación local y distribución de maquinaria agrícola de última generación, ofreciendo equipos cada vez más eficientes y sustentables, brindando servicio 24x7, con presencia en más de 500 puntos a lo largo y ancho del país, con 12 plantas fabriles instaladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y generando 16.700 empleos entre plantas, red de distribución y proveedores.
Para AFAT, “la introducción “irrestricta” de maquinaria usada, no solo atenta contra la necesaria renovación tecnológica mencionada, sino que genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero”.
“Seguimos convencidos de que a través del trabajo conjunto público-privado, podremos colaborar en el desarrollo de políticas que promuevan el crecimiento sostenible del sector agrícola y fortalezcan nuestra economía y sociedad, manteniendo a la Argentina en el camino hacia la competitividad global”, concluyeron.
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