Juicio por trata en "La Posada": piden penas para dos de los imputados
El fiscal general Juan Manuel Pettigiani ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata solicitó penas para dos de los siete imputados en el juicio por trata de personas y explotación sexual en el ex prostíbulo “La Posada” y el hotel lindante “El Paraíso”, que funcionaba en 11 de Septiembre al 3000, en pleno microcentro, donde eran explotadas al menos 16 mujeres de nacionalidad Paraguaya.
Para Alicia Acevedo Galeano, esposa de quien fuera el dueño de La Posada, Juan Motillo - fallecido - pidió una pena de cuatro años y seis meses por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada y explotación económica de la prostitución ajena, además de una multa de 10 mil pesos. En tanto, para Aníbal Soria, acusado de ser financista de la organización, pidió una pena de cinco años por el delito de explotación económica de la prostitución ajena, más una pena de 50 mil pesos.
Asimismo, Pettigiani solicitó la absolución de la mujer de Soria, María del Carmen Castrege, quien le alquilaba a Motillo el inmueble donde funcionaba el bar prostíbulo; y de quienes eran empleados del lugar y cumplían funciones de seguridad, organizadores y atención de la barra: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro. Para fundamentarlo, planteó que no participaron de la comisión del delito, que eran fácilmente reemplazables y que eran también personas vulnerables.
Dentro del petitorio elevado al Tribunal Oral Federal, se incluyó el decomiso de la vivienda de 20 de Septiembre al 3500 y del local donde funcionaba La Posada. No requirió el mismo destino para el hotel, a pesar de que se trata de un bien que fue utilizado para cometer el delito, dado que fue transferido a un tercero y esto está siendo investigado en una causa aparte, a partir de la cual se podría eventualmente avanzar.
Para el fiscal, quedó demostrado que La Posada y el hotel lindero El Paraíso constituían una unidad comercial. Las tareas de inteligencia desplegadas por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación mostraban el movimiento que se hacía entre ambos lugares, a la vista de todos.
La organización contaba a su vez con la vivienda de 20 de Septiembre al 3500, donde las víctimas eran alojadas y vivían en condiciones de hacinamiento. Desde allí, eran llevadas todas las noches por taxis contratados directamente por los explotadores. En este sentido, el fiscal general señaló durante su alegato que quedó demostrado el aprovechamiento por parte de la organización, de la situación de vulnerabilidad que atravesaban las mujeres.
Fuente: fiscales.gob.ar
