Imputaron al hermano de Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
El fiscal solicitó informes a más de 30 organismos y pidió levantar el secreto fiscal y bancario. La denuncia apunta a inconsistencias en el crecimiento patrimonial del diputado bonaerense.
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El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy a Francisco Adorni, diputado bonaerense y ex funcionario del Ministerio de Defensa, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa iniciada tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal N°6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal. La pesquisa apunta a posibles inconsistencias en el patrimonio del legislador, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según la denuncia, Francisco Adorni ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF). Posteriormente, accedió a una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el espacio La Libertad Avanza.
De acuerdo con sus declaraciones juradas, en 2024 el funcionario informó un patrimonio de $43.790.000, compuesto por el 50% de una vivienda en City Bell, La Plata, y un vehículo. En 2025, ese monto ascendió a $80.500.000. La diferencia se explicaría por la compra de una camioneta y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario de aproximadamente $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia.
En este punto, la denuncia sostiene que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con sus ingresos, su nivel salarial resultaría insuficiente para explicar la cancelación anticipada del préstamo en un período tan breve.
En un dictamen de 19 páginas, el fiscal aclaró que la investigación se centrará exclusivamente en el patrimonio de Francisco Adorni. En ese sentido, precisó que las menciones realizadas sobre Manuel Adorni “no serán objeto de esta investigación”, dado que el funcionario ya se encuentra bajo proceso en una causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Como parte de las medidas de prueba, Marijuán convocó a Pagano a ratificar su denuncia y solicitó información a más de 30 organismos. Entre ellos, requirió datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central, Migraciones y distintos registros de la propiedad.
Asimismo, pidió levantar el secreto fiscal y bancario del imputado y solicitó informes detallados sobre movimientos financieros, bienes registrables, participación en sociedades comerciales y eventuales antecedentes administrativos o penales.
También se requirió al Banco Provincia que remita la documentación vinculada al crédito hipotecario, incluyendo el cronograma de pagos, condiciones de otorgamiento y eventuales refinanciaciones.
Finalmente, el fiscal solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la elaboración de un informe integral sobre la situación patrimonial, financiera y societaria del legislador, así como la verificación de posibles operaciones sospechosas.
Fuente: con información de Infobae
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