Gas: entidades locales se mostraron conformes con la marcha atrás

Diferentes entidades locales se expresaron gratamente sorprendidas ante la reciente decisión del Gobierno de Mauricio Macri de dar marcha atrás con la resolución firmada el pasado viernes por el secretario de Energía, Javier Iguacel, por la que se trasladaba a los consumidores de gas -mediante un monto "extra" en 24 cuotas- una deuda generada a las distribuidoras por el impacto de la devalución sobre las tarifas.

Aunque todos coincidieron en que esta "es una buena noticia para los usuarios", pusieron reparos en cuanto a que ésta no es una solución de fondo para el complejo problema del precio de las tarifas, suscitado desde abril de 2016, cuando se retiraron en forma paulatina los subsidios sobre diferentes servicios públicos.

Sergio Procelli, titular de Consumidores Argentinos, se mostró cauteloso al afirmar que "hay que ver los alcances" de la medida anunciada este martes por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. "Para los consumidores es una buena noticia porque el impacto del aumento que rige desde el 1° de octubre ya es fuerte, a lo cual se le iba a agregar este aumento más uno previsto en abril. Si a esta diferencia cambiaria no la van a absorber los consumidores, es una buena noticia", sostuvo.

Sin embargo, agregó que ahora el Gobierno deberá incluir dentro del Presupuesto 2019 la partida necesaria para pagar parte de la deuda de 10 mil millones de pesos entre las distribuidoras y las productoras de gas. "Nos queda pendiente el problema de fondo, que es la dolarización de las tarifas, porque esto es la solución de lo que pasó entre abril y octubre, pero ya las tarifas vigentes desde el 1° de octubre se cotizó con un dólar a $37 y hoy está $38, y empiezan a haber nuevas diferencias para el mes de abril. Ya tenemos el mismo problema", explicó.

"Tendrá que regular el Gobierno el precio del gas en boca de pozo, o dejarlo ligado al mercado y a la fluctuación del mercado. Hay muchas cosas por resolver en las que la empresa siempre gana y el consumidor, siempre pierde. El punto crucial es que mientras estén dolarizadas las tarifas, cada devaluación que suframos, va a pasar exactamente lo mismo. Hay que modificar la ley de gas o renovar la ley de emergencia. Hay que tomarse el tiempo para discutir un nuevo sistema de servicios públicos de gas y energía", sentenció Porcelli.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Walter Rodíguez, indicó que los amparos que iban a prestar para frenar la implementación del pago de las cuotas extra "cayeron en abstracto". "Habría sido una locura, dudamos que haya sido legal. La gente está muy mal. No recibimos menos de 20 personas por día, la gente no sabe qué hacer", aseveró.

Para Rodríguez, en la decisión del Gobierno "influyó la presión social, pero también las denuncias que tuvieron, más todas las que se iban a presentar". "Me parece que el Estado no tiene que hacerse cargo de ninguna deuda. Lo que las empresas van a cobrar son de cuotas que ya están pagas. La empresa distribuidora se tiene que hacer cargo. Nos dijeron que la empresa tenía pérdida siempre. Pero si era así, se va de Argentina, no se quedaría. Si yo tengo una empresa, puedo ganar o perder. Es lo lógico y lo justo. ¿por qué siempre tiene que perder el Pueblo?", añadió con respecto al pago parcial de la deuda que afrontaría el Estado.

Por último, desde la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata celebraron la marcha atrás del Gobierno, a la que calificaron como “un mínimo gesto de contemplación”. “Han escuchado a un país que les decía que era anticonstitucional”, dijo Marisa Sánchez y destacó el pedido para retrotraer los cambios en la tarifa social, para el que continúan juntando firmas.