El senador marplatense Lucas Fiorini, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto en la legislatura bonaerense que busca excluir a los natatorios que brinden servicios deportivos, recreativos o terapéuticos de la obligación a contar con un médico durante toda la jornada de prestación sus actividades acuáticas. Un requisito previsto en el Decreto provincial 3181 del año 2007, “cuyo cumplimiento se ha tornado imposible”.

Fiorini refiere que “si bien las medidas adoptadas por el Decreto en cuestión han significado, en la mayoría de los casos, un estándar de calidad para la prestación de los servicios ofrecidos en los natatorios, algunos requerimientos, representan hoy un gasto muy alto que compromete la posibilidad de sumar más personas a estas actividades”.

El Decreto en cuestión obliga a disponer de un médico cada 500 usuarios. “Ello no implica la certificación de la revisión higiénica necesaria previo al desarrollo de cualquiera de esta actividades, sino la presencia obligatoria durante toda la jornada de prestación de los servicios del natatorio de tener disponible un médico para resolver cualquier eventualidad que pueda presentarse”, aclara el proyecto.

“Este requisito es un exceso ya que los establecimientos ya cuentan en todos los casos con los servicios denominados de Área Médica Protegida. Además, cada natatorio posee servicios de guardavidas capacitados en técnicas de RCP. Ellos están en condiciones de brindar las primeras atenciones hasta que en no más de pocos minutos arribe la ambulancia con el cuerpo médico necesario”, remarcó.

“Visto los beneficios que ofrece la natación, el debemos desde el Estado auspiciar, promocionar y facilitar su práctica. Una forma de hacerlo es alivianando la carga económica que deben soportar los natatorios. Entre ellos clubes de barrio y ONGs. que trabajan con la discapacidad, o con fines de desarrollo o contención de personas, brindando una oferta deportiva o recreativa que fomenta las prácticas de hábitos de vida saludables de los bonaerenses”, concluyó.

propuesta legislatura