La Asociación Familiares de Víctimas del Delito y Transito de La Ciudad de Mar Del Plata lanzó un comunicado en el que piden que se cumplan las leyes de las víctimas ante cualquier morigeración de penas que se quiera otorgar por las distintas acordadas emitidas por la cámara federal de casación sugeridas ante la pandemia COVID-19.

Respecto a las las moderaciones en las penas por la pandemia del coronavirus, aclararon que los victimarios tienen el derecho de ser tratados decentemente en el sistema penitenciario, pero que también las víctimas tienen sus derechos que se deben respetar.

“Garantizar la justicia es un deber del sistema judicial, sin ser demasiado garantista, manteniendo un equilibrio y sin cometer errores de análisis. Porque transgredir la ley penal, siempre trae aparejada una sanción, en general, la prisión. Morigerar las penas porque el sistema carcelario no funciona es un problema de los políticos, no del sistema de garantías procesales y tampoco de las garantías penales. Y mucho menos de las verdaderas víctimas”, subrayaron.

Es por esto, que le pidieron a jueces, fiscales y abogados que tengan cuidado de “no ser funcionales a los victimarios para que estos no cumplan las penas, ya que se les fueron dadas en un juicio justo con su debidas garantías procesales y penales, y que consideren que los victimarios no tuvieron en cuenta si sus víctimas conformaban grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, mujeres embarazadas o con niños, entre otros”.

Es por eso que consideraron que las morigeraciones de penas se acordaron abiertamente sin tomar el punto de vista de los familiares de víctimas, como la victima mismas y solicitaron que no sea otorgadas a detenidos con perfiles de alto riesgo. Además, pidieron que se aclare que las medidas recomendadas, “se fundamentan exclusivamente en la pandemia COVID19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, deberán continuar con sus penas de cumplimiento obligatorio”.

“Como ONG que agrupamos familiares de víctimas del delito sabemos que existen derechos otorgados por leyes aprobadas que se deben cumplir en favor de la víctima, como la Ley 27148 Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la Ley 27372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos”, aclararon.

Hicieron hincapié en transmitir la intención que tienen de proteger a la víctima y que se cumplan las leyes. “Cualquier persona de nuestro país está expuesta a esta situación de la pandemia COVID – 19 que nos toca vivir, y las morigeraciones de penas no garantizan que el victimario no se contagie. Que no sean utilizadas funcionalmente a los victimarios, atenuando penas que fueron establecidas dentro de la ley, y aplicadas por el sistema judicial de nuestro país”, con la intención de que su opinión sea tomada en cuenta en beneficio de los familiares de víctimas, las víctimas y la sociedad.

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