Tres hombres y una mujer fueron procesados este miércoles por integrar la asociación delictiva que tramitaba pensiones de invalidez "truchas" en la ciudad, en una defraudación a la ANSES que generó un perjuicio económico al Estado que ascendería a los 100 millones de pesos, de la que participaron, al menos, 28 imputados más.

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Nicolás Czizik, en relación a una organización delictiva acusada de los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y alteración dolosa de registros, el juez federal Santiago Inchausti procesó a dos empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -que habrían alterado los registros informáticos de empleadores para viabilizar y falsear relaciones laborales para otorgar beneficios previsionales ilegítimos- y a un hombre y una mujer que los habían tramitado bajo estos mecanismos.

De acuerdo a la resolución, el rol de dos de los nuevos imputados resultaba clave para la consumación de las maniobras desarrolladas: era necesaria la modificación en los registros de AFIP de ciertos datos respecto de los presuntos empleadores, para la posterior carga de declaraciones juradas que acrediten relaciones laborales falsas. Una vez realizados estos cambios, “se iniciaba la cadena de actos realizados por la organización delictual investigada, en la que cada miembro desempañaba un rol específico, en pos de conseguir beneficios previsionales para distintos beneficiarios, lo cual redundó en un perjuicio patrimonial millonario para el Estado argentino”, sostuvo el magistrado.

En el marco de la investigación, en mayo de 2018, fueron procesadas ocho personas: tres abogados, un asesor previsional tres médicos y una contadora. Asimismo, en noviembre pasado, la medida se extendió a otros dos médicos y 18 personas que habían tramitado algún beneficio previsional.

Las maniobras desarrolladas

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía y los hechos acreditados a través de la prueba recolectada, la organización utilizaba empleadores falsos o sin actividad comercial activa para generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que resultaron ser los beneficiarios. La intención era fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios. En ese contexto, teniendo acabado conocimiento de los sistemas de la AFIP y el ANSES, utilizaban el CUIT de aquellos supuestos empleadores falsos, y se declaraban servicios apócrifos en relación de dependencia, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas en la medida en que las contribuciones fijadas por la ley para aquellos trabajadores dependientes, fueron reflejadas fuera de término y dentro de un mismo período.

En muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional, lo que proporcionó haberes que superaron el monto mínimo legal, y no se realizaron sobre dichos servicios el pago de los aportes y contribuciones correspondientes, conforme indica la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para ello, la organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas: entre ellas, la alteración de registros del sistema de AFIP, la utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecían como extraviados; incluso la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para tal fin, lo que indicaría la capacidad e incidencia de esta organización para lograr dictámenes favorables en la Comisión Médica Nº 12 que conllevaron a elevar el porcentaje de invalidez para habilitar la procedencia del beneficio a realizar; y el ofrecimientos de dinero a médicos de aquella dependencia como modalidad para el caso de que tuvieran que intervenir sobre algún expediente de su estudio.

Avances en la investigación

El pasado 11 de diciembre el fiscal federal a cargo de la instrucción solicitó la citación a declaración a indagatoria de dos empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos investigados, su detención, y el allanamiento de la vivienda de uno de ellos, y de las Agencias Nº 1 y 2 de AFIP, donde se desempeñaban laboralmente. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, los dos hombres tuvieron una participación indispensable en las acciones delictivas investigadas.

Las maniobras necesitaban de empleadores – que en su mayoría eran falsos, inexistentes o bien personas fallecidas o quebradas- para la simulación de vínculos laborales. Para ello, tenían que estar inscriptos en AFIP. En este sentido, el fiscal consideró que de no haber retrotraído los imputados la fecha de alta como empleadores en el sistema de la AFIP, no se habrían podido cargar las declaraciones juradas extemporáneas por los períodos que se hicieron, las cuales resultaban necesarias para que los pretensos beneficiarios obtuvieran derecho a jubilarse.

Destacó también el hecho de que sea siempre el mismo funcionario de AFIP quien intervino para efectuar dichas ediciones sistémicas, que se realizaron sin documentación respaldatoria, que es la única manera para autorizar la operación. Todo esto, lo llevó a sostener la “connivencia por parte de los funcionarios de la AFIP con la asociación ilícita aquí investigada, sin que eso implique descartar que existan otros involucrados”.

Para el magistrado, de acuerdo a la pesquisa, los imputados “denunciaron una falsa relación laboral respecto de distintos empleadores, con los fines de obtener un beneficio previsional de retiro transitorio por invalidez o bien de jubilación, lo que llegó a concretarse ocasionando, en consecuencia, un perjuicio patrimonial al Estado”.

La acusación en su caso recae en el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal, que prevé penas de dos a seis años para quien cometiere fraude en perjuicio de la administración pública. El hombre, que es hermano de quien está acusado como jefe de la organización ilícita investigada, había solicitado un retiro transitorio por invalidez ilegítimo en 2015, determinándose el perjuicio en casi 490 mil pesos en virtud de todos los cobros indebidos percibidos.

Por su parte, la mujer había tramitado un beneficio previsional ilegítimo de jubilación en 2014, y el perjuicio a las arcas del Estado se calculó en unos 160 mil pesos.

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