A través de un correo electrónico enviado desde el complejo penitenciario donde cumple prisión preventiva, Hugo Alberto Esteban solicitó al juez federal Santiago Inchausti su excarcelación y ser considerado grupo de riesgo por sus 63 años de edad y enfermedades preexistentes en los términos de la declaración de pandemia del COVID-19. Al tomar vista de la solicitud, el fiscal general Daniel Adler -a cargo de la Fiscalía Federal N°2- se expresó en sentido opuesto, puso de relieve la gravedad de los hechos, advirtió sobre el riesgo de fuga y sostuvo: “No debe entenderse, de ningún modo, que la pandemia que afecta a la humanidad resulte un pasaporte a la impunidad de aquellas personas imputadas de gravísimos crímenes”. En esta línea, el magistrado resolvió rechazar el pedido de excarcelación y reparó que en el marco de un incidente de la causa ya se solicitó a las autoridades del penal un informe de su estado de salud, que se determine si el acusado puede ser considerado paciente de riesgo y si puede ser asistido por los médicos de ese complejo.

Esteban está procesado en dos causas que tramitan en la Justicia Federal de Mar del Plata: en una de ellas –que ya fue elevada a juicio- se incautaron en agosto de 2015 casi tres toneladas de marihuana en un camión que tenía como destino esa ciudad. Allí está imputado por el delito de falsedad ideológica documental y transporte de estupefacientes agravado. Ahora, la nueva pesquisa lo tiene procesado desde hace un año por el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una banda.

Riesgos procesales

“Se trata, en opinión de este Ministerio Público Fiscal, del líder de una organización criminal que traficaba ilícitamente grandes cantidad de estupefacientes y la ganancia ilícita de esas acciones eran volcadas a la adquisición de vehículos”, sostuvo Adler al dar cuenta de la gravedad de los hechos que lo tuvieron como protagonista.

Al analizar el riesgo de fuga, aún con las disposiciones contenidas en los artículos 210, 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, tanto el fiscal como el juez consideraron que se encuentra acreditada la existencia de riesgos procesales.

“Se trata de hechos gravísimos no sólo por la calificación legal sino por sus propias características. A Esteban se lo acusa de liderar un grupo de personas que traficó casi tres toneladas de marihuana, y que se dedicaba con las ganancias de actividades similares a la compraventa de rodados. Una estructura delictiva compleja típica del crimen organizado”, graficó el representante del MPF.

Los delitos imputados prevén una escala penal que oscila entre los seis años y los trece años y cuatro meses de prisión, “por lo que la pena que podría corresponderle no sería susceptible de ejecución condicional, lo cual torna al peligro de fuga y al consecuente entorpecimiento del avance del proceso”, reparó Inchausti. “Dichas circunstancias, sumadas a la envergadura de la organización investigada y al poderío económico que poseen sus integrantes, me conducen al rechazo de excarcelación”, sostuvo.

Y a esto sumó –en línea con lo expuesto por la Fiscalía- que “Coco” Esteban se ocultó de la Justicia durante dos años y cinco meses. Se había ido a Entre Ríos con su familia para comercializar automotores de manera informal, hasta que fue detenido el 8 de febrero de 2019 cuando salía de su vivienda situada sobre la calle Boulevard Daneri en Gualeguaychú, donde circulaba con un DNI que no reflejaba su verdadera identidad.

Al analizar la supuesta situación de salud que debería atenderse fuera del sistema penitenciario, Adler comprendió: que "la defensa no explica de qué modo el imputado va a recibir la misma atención médica que la que detenta en la unidad, sin implicar traslados fuera del domicilio o que lo expongan a situaciones de riesgo de contagio de las que hoy se intenta proteger a través de esta medida. Reiteramos que no se han reportado casos de situaciones sospechosas de contagio intramuros y sí existen casos de contagios y fallecimientos en la ciudad de Mar del Plata y otras ciudades del país”.

“Tanto el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidades como el Comité contra la Tortura a nivel local, han realizado una serie de recomendaciones para mitigar el impacto que puede tener en las poblaciones carcelarias el COVID 19, pero de ningún modo concluyen en que ello deba llevar a la automática aplicación de medidas que pongan en riesgo la aplicación de la ley penal ante riesgo de fuga, lo cual se daría en este caso de excarcelarse al encausado o morigerar la prisión preventiva”, apuntó.

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