El femicidio de la oficial de la Policía Local, Gisel Varela, que sacudió este martes por la mañana a Mar del Plata, fue el quinto crimen que se cometió con esta calificación en el país, en lo que va del 2019. Los otros cuatro hechos tuvieron lugar en las ciudades de Santiago del Estero, Roque Sáenz Peña, La Plata y Córdoba; mientras que una sexta mujer lucha por su vida en La Banda, luego de ser baleada por su ex marido.

En este contexto, el colectivo de mujeres Mumalá Mar del Plata denunció que, a su vez, en los estos primeros 8 días del año, otras tres mujeres fueron víctimas de intento de femicidio en diferentes episodios en distintos barrios. El año pasado se registraron 2 femicidios en la ciudad y, en 2017, otros 7.

"Además del asesinato de Gisela, en menos de 2 días hubo 3 intentos de femicidios. En el barrio Las Lilas un hombre al grito de "te voy a matar" violentó salvajemente a su ex mujer dejándola inconsciente y con traumatismo de cráneo. Ese mismo día, en el barrio Aeroparque un hombre de 65 años golpeó reiteradamente a la esposa con un ladrillo en la cara y cabeza. Acto seguido, el agresor intento suicidarse con un cuchillo. Durante la madrugada del 7 de enero, en el barrio Las Américas, un joven de 18 años apuñaló en la pierna y golpeó con un fierro en la cabeza a su novia de 16 años", enumeraron a través de un comunicado.

"Estos hechos no son aislados. Hace 3 años que nuestra ciudad está declarada en emergencia local por violencia de género. La situación es realmente alarmante. A diario las mujeres se acercan a denunciar las situaciones de violencia de género que sufren pero la respuesta que se les brinda desde el Municipio es escasa", aseguraron.

Además, recordaron que, desde hace meses, que el movimiento de mujeres y diversidad de la ciudad advierte sobre "el vaciamiento que está sufriendo el área de la mujer en Mar del Plata". "No contamos con profesionales especializados que puedan atender a las mujeres que se acercan, no hay presupuesto para crear y ejecutar políticas públicas de prevención y acción en casos de violencia de género, no hay lugar en la casa refugio, hay lista de espera para poder acceder a un botón antipánico", manifestaron.

"Entendemos que sin voluntad política la situación del Municipio no va a mejorar, por lo contrario, empeora día a día. Es necesario que se destine mayor partida presupuestaria que se vea reflejada en política pública concreta", expresaron en respecto a la gestión del Intendente Carlos Arroyo.

Bajo el título "El Estado no nos protege y nos expone ante nuestros posibles femicidas", el colectivo reprochó al Estado su rol frente al crimen de Gisel, de 33 años, quien fue asesinada, en plena calle, por su ex pareja, Sergio Cejas, aunque lo había denunciado en reiteradas ocasiones y tenía una orden de restricción de acercamiento desde el pasado 8 de agosto. La medida judicial fue encontrada entre las pertenencias que llevaba Gisel encima al momento de su muerte.

"Teniendo en cuenta los datos obtenidos desde el Observatorio Mumalá, que arrojan que del total de los femicidios que cometieron en el 2018 -259 femicidios entre el 1° de enero al 31 de diciembre-, el 21% había realizado denuncias previamente y el 13% tenía medidas de protección dictadas por la Justicia, podemos comprobar que poco es lo que cambia en la vida de la mujer que teme por su vida un vez que logra denunciar la situación", sostuvieron.

Desde el colectivo hicieron hincapié en que, del total de mujeres asesinadas o en situación de violencia de género, solo la minoría logra radicar una denuncia contra su agresor y, menos aún, las que obtienen algún tipo de medida cautelar.

"Nos parece necesario problematizar, al menos, qué estrategias se dan desde el Estado para evitar el asesinato de tantas mujeres que solicitan ayuda, protección y asesoramiento. Entendemos que son ineficientes las medidas que se toman tanto desde el Poder Judicial como desde el Ejecutivo", dijeron.

También denunciaron que "las restricciones y los botones antipánico no alcanzan para resolver la problemática existente" y advirtieron que estas situaciones se agravarán "teniendo en cuenta que el Presupuesto 2019 destinando al INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) -órgano que implementa la Ley 26.485- sufrió un recorte del 18%".

"Esto prevé que se destinarán tan solo $11,36 por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género durante este año. Sin presupuesto, no hay políticas públicas y, sin políticas públicas, a las mujeres nos siguen matando", subrayaron.

Según el Registro del Observatorio de Mumalá, el 26% de los femicidios del país se produjo con armas de fuego y, de ese total, el 17% se produjo con un arma reglamentaria, es decir, que estaban en manos de quienes debían promover la Seguridad.

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