La fiscalía que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a ordenar el secuestro del celular del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, para "verificar si existieron o no conversaciones alusivas" al hecho del 1° de septiembre.

La jueza María Eugenia Capuchetti había rechazado este lunes el pedido de secuestro del teléfono de Milman, alegando que una medida de este estilo debía "efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador".

Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo apeló al fallo de la magistrada y remarcó la necesidad de investigar el celular del diputado, sobre todo luego de que una de sus asesoras, Ivana Bohdziewicz, se presentara espontáneamente en los tribunales de Comodoro Py a prestar declaración por sentirse "presionada".

Después de ese episodio, la Justicia Federal ordenó el secuestro de los celulares de ella y de su compañera de trabajo, Carolina Gómez Mónaco, para analizar si hubo llamadas cruzadas relacionadas con el atentado a Cristina.

Según indicó Rívolo, el pedido de investigación sobre el aparato de Milman corresponde a que "existe en autos la sospecha de que el diputado nacional podría haber convocado a quienes fueran sus asesoras para eliminar información que, hasta el momento, no sabemos si podría ser de interés para esta u otra eventual información".

En su declaración espontánea, Bohdziewicz contó que su celular había sido manipulado por "un perito" en las oficinas que atribuyó a la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y que esa intervención habría consistido en el borrado de información.

Ante todo este panorama, Rívolo insistió en que "sin perjuicio de que Milman no fue formalmente imputado por esta parte en esta pesquisa, lo cierto es que la manera idónea de corroborar tales extremos resulta ser el secuestro del teléfono celular del nombrado".

Sin embargo, aclaró que esta intervención se daría "bajo las garantías y previsiones de la normativa de marras, en razón de su rol de legislador, lo cual permitiría verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, conforme la hipótesis planteada por la querella".

La defensa de Fernández de Kirchner presentó un escrito ante Rívolo y Capuchetti, en el que insistieron en la realización de un conjunto de medidas de prueba "todavía pendientes y a proponer algunas nuevas". Dentro de ellas, está el pedido de convocar nuevamente a Jorge Abello, el asesor de un diputado del Frente de Todos que denunció haber escuchado como Milman le decía a sus dos asesoras, "cuando la maten voy a estar camino a la costa" en un bar en las proximidades del Congreso.

Por todo esto es que el fiscal argumentó que "se incautaron diversos teléfonos celulares que se encontraban en poder de otros testigos y que de varios de ellos surgió información relevante para el caso, razón por la cual, no encuentro razones para actual de un modo diferente ante estos nuevos hechos traídos a estudio".

La querella se opuso al juicio oral fragmentado
La defensa de Cristina manifestó resistencia a "elevar la causa a juicio por tramos" porque corresponde a "una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad". En esta línea, los abogados de la exjefa de Estado Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, insistieron en que aún falta producir pruebas importantes, antes de citar a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo a un juicio oral.

"Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar con el fin de mantenerlo para la instancia oral", sostuvieron los letrados en el escrito presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

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