El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa Hotesur SA, en la que están acusados Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La Justicia determinó que se lavaron cerca de 80 millones de pesos.

Es la segunda causa contra la ex presidente elevada a dicha instancia en la que se la acusa de haber utilizado las empresas familiares para maniobras de blanqueo. La hipótesis que investigaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron por parte de Lázaro Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Además de la familia Kirchner y el empresario, también serán jzugados Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados.

Además de ser un amigo personal de los Kirchner, Báez era el contratista estrella de la obra pública en Santa Cruz, ganador de licitaciones cuyo precio y condiciones también quedaron bajo investigación en otra causa que en mayo comenzará a ser juzgada en audiencias orales.

Hotesur SA es la empresa dueña del hotel Alto Calafate, entre otros establecimientos. El año pasado Ercolini procesó a la ex presidenta y los demás acusados de esta causa, como responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda. Además, embargó a cada uno de los imputados por 800 millones de pesos. Los investigadores estimaron que en las operaciones ilegales se llegaron a blanquear al menos 80 millones de pesos, y por eso les aplicó a los acusados la mayor multa que contempla la ley: diez veces la cifra incorporada al circuito legal.

Así, todo funcionó como una "organización" que permitió "transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades, una maniobra espejo que se investigó en otro expediente por lavado, Los Sauces SA.

Estas transferencias supuestamente irregulares incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años, expresó Clarín.