Para la gobernadora María Eugenia Vidal la transparencia es una cuestión de Estado. Por eso en 2016 impulsó ampliar el universo de funcionarios obligados a presentar su declaración jurada patrimonial. Y tuvo éxito: en estos últimos 3 años se presentaron poco más de 66 mil declaraciones juradas patrimoniales, una cifra que superó largamente las 8330 presentadas entre 2008 y 2015.

En 2016 la provincia de Buenos Aires modificó, mediante el Decreto N° 116/16, el sistema de declaraciones juradas patrimoniales que se encontraba vigente desde la Dictadura. Así en ese año se presentaron 12.225 declaraciones juradas patrimoniales, al año siguiente aumentó a 26.871 mientras que en 2018 ascendió a 27.547 declaraciones presentadas, para alcanzar a 66.643 en esos 3 años.

Justamente en 2018 se presentaron 6.258 declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al Servicio Penitenciario Bonaerense y 14.043 correspondientes al Ministerio de Seguridad, mientras que 7.246 declaraciones presentadas correspondieron a funcionarios.

"Desde el inicio de la gestión hablamos del concepto "Estado abierto", adoptando políticas de transparencia, colaboración y participación ciudadana no sólo en la administración pública, sino también en los demás niveles de Gobierno", dijo Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense. Luego agregó: "En ese sentido creamos la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), el órgano provincial responsable de definir e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos del fortalecimiento institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, e impulsamos la obligatoriedad de presentar y publicar las Declaraciones Juradas Patrimoniales tanto para la gobernadora, funcionarios públicos de la Policía y el Servicio Penitenciario".

Antes, las declaraciones juradas se presentaban en formato papel y eran reservadas, es decir, que no eran públicas. Ahora y tras un decreto promulgado en 2017 con el propósito de adecuar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales a la política de prevención de la corrupción, la modalidad de presentación es electrónica a través de un formulario web. Asimismo, como información a declarar se incorporaron los antecedentes laborales de los dos últimos años y actividades simultáneas.

También se determinó la libre accesibilidad de la información pública declarada. En este sentido las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia se encuentran disponibles para su libre consulta en: https://www.gba.gob.ar/justicia/ddjj

Durante los dos mandatos anteriores este tema fue en retroceso: por ejemplo, de los 1.322 que presentaron en 2010 pasó a 658 del 2015 con una baja importante año tras año.

Pero con la llegada de la nueva gestión, se amplió el universo de sujetos obligados, incluyendo nuevos organismos de gobierno, se extendió la obligación a funcionarios con cargos hasta jefes de departamento o similares y se pasó a incluir como sujetos obligados a funcionarios y agentes con capacidad de otorgar habilitaciones. Asimismo, y como hito más importante, fueron incluidas las fuerzas de seguridad con rango inferior a comisario y del servicio penitenciario.

En diciembre de 2017 fue sancionada la Ley N° 15.000, que establece la obligatoriedad de presentación para el Poder Ejecutivo y extiende la obligatoriedad de presentación al Poder Legislativo. Si bien esta Ley no obliga a los municipios, los invita a adherir: en la actualidad, de los 135 municipios bonaerenses, 77 son los que tienen algún tipo de sistema de DDJJ.

Por otro lado, desde 2019 más de 13.500 jueces, defensores y fiscales deben presentar su DDJJ. Las mismas se empezaron a publicar en su sitio web: http://www.scba.gov.ar/servicios/declaracionesjuradas.asp