El caso de la niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación en Tucumán conmocionó a la sociedad argentina. En su momento, se pidió autorización para llevar a cabo una Interrupción Legal del Embarazo, algo que no quedó formalizado, por lo que la niña finalmente debió parir. El bebé murió.

Ahora, su caso será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como experiencia testigo del "incumplimiento de las obligaciones del Estado", según informaron hoy las organizaciones que realizarán la exposición este viernes

Durante la audiencia, cinco organizaciones denunciarán "los obstáculos a los que se enfrentan las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en el país".

Se trata del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abogados del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina.

"La desatención de la salud y la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes es una situación que se repite en todos los países de la región", destacaron en un comunicado, y agregaron: "Anualmente en la Argentina entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz. Embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad".

Ante la Comisión, asegurarán que el Estado "vulnera el inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación al aborto no punible".