La Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, a cargo de Pablo Turano, y la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias, solicitaron que se eleve a juicio a once integrantes de la banda criminal conocida como el "Clan Loza". Los criminales se dedicaban al narcotráfico y al lavado de dinero y tenían diversas inversiones en Mar del Plata.

La banda operaba en toda Argentina y en España. La causa inició en noviembre de 2017 cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza porque intentaron ingresar al país 365.800 euros escondidos en tres valijas proveniente de Madrid. A partir de allí, se logró establecer que el dinero estaba relacionado con una organización narcocriminal transnacional.

El “Clan Loza”operó desde 2008. Traficaba estupefacientes desde Argentina hacia España, contrabandeaba divisas desde Europa hacia el territorio nacional y utilizaba esos fondos para sostener la estructura delictiva y obtener distintas propiedades, entre ellas estacionamientos y hoteles en Mar del Plata.

Los delitos se encuentran encuadrados dentro de “asociación ilícita”, “contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haberse cometido por tres o más personas” y “lavado de activos agravado por su habitualidad”. Varios de los integrantes tenían numeroso antecedentes policiales y judiciales, informaron fuentes fiscales.

De acuerdo al requerimiento, se les imputó a diez de los once involucrados “el haber formado parte de una asociación criminal de carácter transnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes”.

Se dejó en claro que la organización funcionó en Argentina y en España y que tuvo impacto también en Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú, donde tuvo contacto con otras bandas criminales. Como jefes, destacaron a dos de los imputados, a quienes catalogaron como los responsables de tomar las decisiones relacionadas con las actividades que se llevarían a cabo.

En un segundo eslabón se encontraban otros tres imputados que, si bien tenían funciones de jerarquía dentro de la estructura, respondían directamente a los dos jefes. No obstante, se encargaban de “asesorar” a sus superiores, efectuar pagos y realizar los cobros de los cargamentos de droga.

Dentro de una tercera línea se encontraban el resto de los imputados en el expediente, que se encargaban puntualmente de las actividades que involucraban el manejo y administración de las ganancias de las maniobras criminales y la puesta en circulación para disimular su origen.