En Argentina cerca del 14% de la población padece alguna discapacidad
Lo indicó Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires. En territorio bonaerense se habla de dos millones de personas.
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En un momento donde se discute la Ley de Emergencia en Discapacidad y se cuestiona la política del Gobierno nacional en el tema, datos de Naciones Unidas, el Banco Mundial y UNICEF certifican que entre el 11 y el 14% de la población argentina “tiene una condición de discapacidad”, según indicó Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires.
“El censo del 2010 a nosotros ya nos estimaba un 10,6% de personas con discapacidad y el último que se hizo se habla de un entre un 12 y un 13%”, agregó el funcionario provincial en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.
Específicamente con el territorio que administra, Lucero confió que “con una población estimada de 17 a 18 millones de habitantes, estamos hablando de una prevalencia de 2 millones de personas”. Y además destacó un dato alarmante sobre el autismo: “Hasta hace 10 años la prevalencia era un nacimiento cada 160 nacimientos. Hoy, la prevalencia es uno cada 36 nacimientos, ya se habla de uno cada 30, 32. Es decir que por aula hay un pibe seguramente que transita con la condición del espectro autista”.
Lucero cuestionó además las políticas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, al destacar que impactan transversalmente en primer lugar a todas las personas con discapacidad del territorio nacional, considerándolo “un hecho nunca vivido por el colectivo de las personas con discapacidad y sus familias”.
Según el funcionario bonaerense, las familias son las más afectadas, ya que “seguramente son quienes llevan el desafío, el abordaje, el trabajo de rehabilitar o de generarle las condiciones para una vida digna a sus hijos”. También hizo referencia al impacto en “todo el ecosistema que contribuye a garantizar una vida digna a las personas con discapacidad, que son las diferentes prestaciones que a lo largo de la vida una persona con discapacidad requiere”.
Tras mostrar su preocupación por el contexto que atraviesa la atención a las discapacidades, Lucero llamó atención sobre “los contextos de mayor grado de vulnerabilidad”, en los que “tal vez el mayor impacto lo están sintiendo las personas a través de la suspensión de las pensiones ya anunciada por el Gobierno nacional, que son aproximadamente 130.000 de las cuales 110.000 corresponden a cartas documentos que nunca llegaron a un domicilio”.
Lucero señaló que si bien “el Estado nacional tiene todo el derecho de auditar”, el problema surge precisamente de que si no se recibe la carta documento en el domicilio “sos punible de la pérdida de esta pensión”. Como consecuencia, “esas personas tienen que venir a la Agencia Nacional de Discapacidad acá en Capital Federal, presentar la documentación y que ahí se les rehabilite esa pensión no contributiva”.
Lucero denunció una actitud de “crueldad hacia las personas con discapacidad y sus familias” por parte del Gobierno y reflexionó sobre los paradigmas históricos en torno a la discapacidad: “Hay un paradigma desde la Presidencia. Cuando las sociedades descartaban por su condición a las personas con discapacidad, las descartaban, las eliminaban”.
En ese sentido, alertó sobre las consecuencias de estas políticas: “De continuar esta medida, de hecho lo dicen organizaciones que ya hay X cantidad de personas que por no consumir, por no adquirir el medicamento, mueren. El planteo económico o de equilibrio fiscal no puede ir en contra de un derecho humano constitucional”.
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