El FMI cuestionó al Gobierno por la transparencia y reclamó mayores controles anticorrupción
El organismo aprobó un desembolso de US$ 1050 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas y advirtió sobre deficiencias en los controles patrimoniales.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó las políticas de transparencia y anticorrupción del gobierno de Javier Milei en un informe difundido hoy, en el marco de la segunda revisión del Artículo IV realizada sobre la Argentina. El organismo aprobó un desembolso de US$ 1050 millones para el país, aunque advirtió sobre debilidades institucionales y reclamó mayores controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios.
Los cuestionamientos fueron incluidos en la evaluación que habilitó el desembolso, pese a que la Argentina volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas del Banco Central.
La entidad presidida por Kristalina Georgieva incluyó entre los “desafíos pendientes” la lucha contra la corrupción y señaló que el país obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional. Además, sostuvo que distintos indicadores internacionales continúan reflejando problemas vinculados a la transparencia y al clima de inversión.
En el denominado Box 9 del informe técnico, el FMI analizó los avances recientes en materia anticorrupción y afirmó que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”.
Asimismo, el organismo remarcó que “las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”. También expresó preocupación por “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización”, señalando que observadores nacionales e internacionales continúan detectando demoras en causas de alto perfil y una rendición de cuentas insuficiente para altos funcionarios.
El informe destacó que estas observaciones contrastan con evaluaciones anteriores del propio Fondo. En 2022, el organismo había valorado los “fuertes esfuerzos” realizados por la Argentina para mejorar la gobernanza, la integridad financiera y los estándares de transparencia.
El FMI recordó además que desde 2018 cuenta con un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar el impacto económico de las debilidades institucionales, incluyendo aspectos como las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y los índices de percepción de corrupción.
En el plano político, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de mayo. En ese contexto, el informe menciona que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no había presentado su balance patrimonial en medio de cuestionamientos vinculados a inmuebles que no figuraban en declaraciones previas.
Por otra parte, el organismo advirtió sobre riesgos emergentes en el sistema financiero. Señaló su preocupación por el deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, y por la creciente dependencia de los bancos respecto del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.
También indicó que se está fortaleciendo la supervisión de las entidades financieras no bancarias para monitorear el crecimiento del sector fintech, donde los niveles de morosidad son elevados. En ese sentido, recordó que datos oficiales del Banco Central mostraron que la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo, con un incremento superior a ocho puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025.
Con información de Noticias Argentinas
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