Violencia en la UNMDP: presión nacional y una conducción universitaria bajo la lupa
La Universidad Nacional de Mar del Plata volvió a quedar en el centro de la escena, pero no por un debate académico sino por un episodio de violencia que expone tensiones más profundas: la convivencia ideológica dentro del ámbito universitario y la capacidad (o incapacidad) de sus autoridades para garantizarla.
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Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando militantes de una agrupación vinculada a La Libertad Avanza denunciaron haber sido agredidos física y verbalmente mientras realizaban actividades de difusión en el complejo universitario. Según trascendió, el conflicto escaló rápidamente e incluyó empujones, insultos y golpes, en una escena que quedó registrada en videos y se viralizó en redes sociales, amplificando el impacto político del episodio.
La gravedad de lo ocurrido motivó una reacción inmediata del Gobierno nacional. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una nota formal a la rectora Mónica Biasone exigiendo medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el pleno ejercicio de la libertad de expresión dentro de la institución.
El documento no solo reclama acción, sino que además remarca la responsabilidad “indelegable” de la rectora en el mantenimiento del orden y la convivencia universitaria, en línea con la Ley de Educación Superior.
Incluso, desde el Ejecutivo se advirtió que una eventual demora o falta de respuesta podría derivar en consecuencias administrativas o legales, elevando el tono de un conflicto que ya trascendió lo académico para instalarse de lleno en la agenda política nacional.
Frente a este escenario, la respuesta de Biasone fue, al menos hasta ahora, limitada. La rectora se expresó a través de redes sociales con un mensaje de repudio a los hechos y un llamado al diálogo, apelando a valores como la pluralidad y la convivencia democrática.
Sin embargo, puertas adentro de la universidad y en sectores políticos críticos, esa reacción es vista como insuficiente. No se registraron (según distintas fuentes) medidas disciplinarias, activación de protocolos de seguridad ni acciones concretas para identificar y sancionar a los responsables.
La distancia entre el discurso institucional y la acción efectiva empieza a generar un desgaste en la figura de la rectora, a quien se le cuestiona una gestión más enfocada en declaraciones que en decisiones.
El conflicto no puede analizarse de manera aislada. Lo ocurrido en la UNMDP reabre un debate recurrente sobre el clima político en las universidades públicas: ¿son espacios de pluralidad real o territorios dominados por determinadas corrientes ideológicas?
Desde el Gobierno nacional sostienen que este tipo de episodios refleja un problema estructural, donde la intolerancia política se traduce en hechos de violencia que restringen la libertad de expresión.
La figura de Mónica Biasone queda así en una posición incómoda. Por un lado, viene de confrontar públicamente con el Gobierno nacional por temas como el financiamiento universitario. Por otro, ahora enfrenta cuestionamientos por su manejo interno ante un hecho grave que pone en juego la seguridad y la convivencia dentro de la institución.
La pregunta que empieza a instalarse es, si la conducción universitaria de Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero, está a la altura de garantizar reglas claras para todos los sectores políticos o si, por el contrario, la falta de decisiones firmes termina habilitando un clima de impunidad.
Mientras el Gobierno espera un informe detallado con medidas y posibles sanciones, el caso sigue escalando. No solo por la dimensión institucional, sino porque toca una fibra sensible en la Argentina actual: la convivencia política en espacios que deberían ser, por definición, ámbitos de debate libre y sin violencia.
En ese escenario, el margen para respuestas simbólicas parece haberse agotado. La gestión Biasone – Sánchez Herrero enfrenta su prueba más concreta: demostrar si puede pasar del discurso a la acción o quedar atrapada en la crítica por una conducción que, ante la crisis, llega tarde.
En ese entramado, también aparecen con fuerza los vínculos políticos que atraviesan la conducción universitaria y que, lejos de ser un dato menor, profundizan los cuestionamientos. La vicerrectora Marina Sánchez Herrero (quien hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre los hechos) es esposa del senador nacional Maximiliano Abad, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR). Un espacio que tiene fuerte presencia dentro del ámbito universitario a través de la Franja Morada, histórica conducción del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Otro radical vinculado al movimiento estudiantil es el actual concejal y ex senador Ariel Martínez Bordaisco, quien en su época de estudiante fue ferviente militante morado.
En ese contexto, resulta difícil soslayar que actores con semejante nivel de influencia y peso institucional no hayan intervenido (al menos públicamente) para condenar los hechos y contribuir a desactivar un clima de violencia política que erosiona la convivencia universitaria.
La ausencia de pronunciamientos no solo llama la atención, sino que también abre interrogantes sobre el grado de compromiso real de estos sectores con la defensa de la pluralidad y el respeto dentro del ámbito académico.
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