Un informe desmiente que los sectores pobres no accedan a la universidad
Surge de datos difundidos por la Secretaría de Políticas Universitarias. Aseguran que los argumentos del Gobierno son “malintencionados y otros propios de la ignorancia”.
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El conflicto entre el Gobierno y el ámbito universitario continúa, con declaraciones cruzadas y definiciones del propio presidente Javier Milei sobre que sólo buscan “auditar las universidades”. Ese contexto un informe con datos de la Secretaría de Políticas Universitarias desmiente uno de los principales argumentos del Ejecutivo: que los sectores más pobres no acceden a estudios superiores.
En el informe presentado por el ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica, Giuliano Falconnat, se hace referencia a frase dicha por Milei respecto de que “los pobres no acceden a la Universidad”. Y se aportaron datos estadísticos en al anuario 2022 de la Secretaría de Políticas Universitarias donde se muestra el porcentaje de estudiantes que son primera generación universitaria, con “valores que van desde el 49% para la Facultad de Artes hasta el 87% para la Universidad de José C Paz”.
Esto refleja “un claro aporte a la movilidad social” indicó el ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica.
Por otro lado se refirió a una propuesta que difundió la Fundación Libertad y Progreso en medio del debate por la Ley Presupuestaria, sobre el arancelamiento selectivo de las universidades según el nivel de ingresos de los estudiantes.
Para Falconnat esto pone en evidencia el “profundo desconocimiento sobre el estudiantado, ya que muchos jóvenes se mudan de sus ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, debiendo contar con el apoyo económico de sus familias lo cual en este contexto haría imposible que deban también afrontar una cuota”.
Además, “deja de lado que por más que el acceso a la Educación Superior sea gratuito deben afrontarse los costos de transporte, material de estudio, útiles, refrigerio y en muchos casos alquiler, los cuales además sufrieron severos aumentos en los 10 meses que lleva el Gobierno, por lo cual al cobrar una cuota disminuye el poder adquisitivo para afrontar el resto de los gastos, que también contribuyen a la recaudación del Estado y por ende al financiamiento del sistema”.
“Este cúmulo de errores, algunos malintencionados y otros propios de la ignorancia y el desconocimiento, ponen de manifiesto un estado de alerta permanente, pero a la par presentan la oportunidad de llevar a cabo un nuevo hito universitario. Hoy nos toca el desafío de poner en valor al sistema de Educación Superior, motivo de orgullo y pilar del desarrollo nacional, para que el Gobierno comprenda de una vez y para siempre, que la educación no es déficit”, concluyó Falconnat.
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