Trata de personas en Mar del Plata: procesaron a un presunto líder narco
El acusado habría engañado a las víctimas con promesas laborales y las sometió a control total, sin retribución y bajo amenazas. La Justicia le trabó un embargo de 100 millones de pesos.
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Un hombre fue procesado en Mar del Plata por el juez de Garantías Santiago Inchausti, acusado de trata de personas y narcotráfico, al considerar que captó a dos jóvenes mediante engaños, los trasladó a la ciudad y los obligó a vender cocaína bajo condiciones de servidumbre.
La investigación, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación de Delitos Complejos, determinó que las víctimas habrían sido contactadas con una promesa de trabajo y vivienda. Sin embargo, al llegar, fueron obligadas a permanecer las 24 horas en una vivienda dedicada a la venta de estupefacientes.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el acusado planificó su traslado para utilizarlos como cara visible de un punto de venta. Durante los allanamientos, ambos jóvenes fueron encontrados con una balanza y 15 gramos de cocaína, mientras que los organizadores les proveían semanalmente la droga para su comercialización.
Desde la fiscalía, a cargo de Daniel Adler, remarcaron que existía “un control absoluto” sobre las víctimas, quienes estaban sometidas a un “contexto amenazante”, con apropiación total de su tiempo, ausencia de retribución real y severas restricciones a su libertad.
El procesamiento fue ampliado el 13 de enero de 2025, cuando el juez consideró acreditado el delito de trata de personas en sus modalidades de captación, traslado y acogimiento, agravado por la explotación, el engaño, las amenazas y el abuso de vulnerabilidad. Además, dispuso un embargo por 100 millones de pesos.
La causa se originó a fines de marzo de 2025, tras una serie de allanamientos que desarticularon la organización narcocriminal. En ese momento, la pareja de jóvenes había sido inicialmente considerada parte de la logística, pero nuevas pruebas permitieron advertir indicios de trata de personas.
A partir de ello, se abrió un legajo específico con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Coordinación Nacional de Rescate, que entrevistó a las víctimas. Ante la sospecha de explotación, se dispuso su liberación en abril de 2025.
La pesquisa estableció que el acusado y su entorno decidieron reemplazar a quienes operaban en un punto de venta “marcado” por la policía. Para ello, contactaron a una familiar de una menor vinculada al caso y ofrecieron a la pareja trasladarse a Mar del Plata, aprovechando su situación económica vulnerable.
De acuerdo con la investigación, la propuesta incluyó el pago de pasajes, alojamiento y manutención. Incluso, se les prometió que la joven sería madrina del hijo del imputado, lo que nunca se concretó. La pareja llegó a la ciudad a comienzos de marzo de 2025.
Para la fiscalía y el juez, quedó acreditada la captación mediante engaño, así como el acogimiento, ya que las víctimas residieron en una vivienda facilitada por el acusado, donde permanecieron bajo estricto control y dedicadas a la venta de droga.
“En ese contexto, las víctimas asumieron sin alternativa los riesgos de ser descubiertas durante el despliegue de la actividad ilegal, mientras que los victimarios se valieron justamente de su explotación para eludir aquel mismo riesgo a título personal, sin renunciar por ello a las ganancias reportadas por el delito. El derrotero incluyó una jornada interminable de disponibilidad pasiva absoluta para la venta 24 horas, cuasi nula retribución, retención e impago de ingresos, control absoluto de las víctimas con vulneración plena de su intimidad, restricciones a su libertad y amenazas”, sostuvo la fiscalía.
El fiscal Eyherabide explicó que “el empleo de las víctimas en actividades delictivas -incluido el tráfico de drogas- como finalidad trascendente de explotación para la configuración típica que se propone, encuentra recepción en el supuesto previsto por el inciso ‘b’ del artículo 2 de la Ley 26.842”.
Además, citó la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo a) bajo la amenaza de una pena cualquiera y b) para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que visibilizar estas conductas permite comprender la dimensión de las organizaciones criminales y diferenciar claramente entre víctimas y victimarios dentro de las estructuras del narcotráfico.
Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

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