Tras el paro nacional, la CGT amenaza con llevar la reforma laboral a la Justicia
La CGT advirtió que judicializará la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo si el Congreso la sanciona definitivamente, tras el paro general convocado en rechazo al proyecto.
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En declaracion públicas Jorge Sola, secretario general de la central sindical, manifestó dicha postura. El dirigente subrayó que la medida no se trata de una protesta aislada contra el Gobierno, sino de una oposición total al contenido del proyecto de ley, que, a su juicio, representa un retroceso en derechos laborales.
Sola afirmó que, de avanzar la reforma en el Congreso, la CGT acudirá a la Justicia para frenar la norma cuando se transforme en ley. La central sostiene que varios puntos de la iniciativa vulneran principios constitucionales, entre ellos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad de derechos sociales amparado en pactos internacionales.
Para los sindicalistas, medidas como la reducción de derechos, la flexibilización de condiciones laborales y la posibilidad de convenios por empresa por debajo de los acuerdos colectivos no solo precarizan al trabajador, sino que también contradicen normas de protección social históricas.
El llamado a un paro general de 24 horas sin movilización el día del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y fue encabezado por la CGT como gesto de rechazo al contenido del texto. Según la central, el acatamiento al paro se ubicó por encima del 90%, afectando actividades en múltiples sectores, desde transporte hasta producción formal.
Los líderes gremiales resaltaron que la huelga fue una de las más contundentes, subrayando que la protesta tenía como objetivo no solo visibilizar el rechazo, sino presionar políticamente para que los legisladores reconsideren el proyecto.
Entre los aspectos más polémicos que la CGT identificó en la reforma se encuentran la reducción de derechos adquiridos y licuación de indemnizaciones por despido; los cambios en la regulación de horas extras y la implementación de un “banco de horas”; mayor flexibilidad para negociar acuerdos individuales o por empresa, por debajo de los convenios colectivos.
Si bien el Gobierno sostiene que las modificaciones son necesarias para “modernizar” el mercado laboral y promover la formalización del empleo, la oposición y los gremios coincidieron en que la iniciativa reduce protecciones y puede debilitar la negociación colectiva.
En este contexto, la amenaza de la CGT de llevar la norma ante la Justicia añade otra dimensión a la discusión, anticipando un escenario de controversia institucional que podría extenderse más allá del ámbito legislativo.

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